El PP anuncia en la Cámara murciana su intención de reforzar la implantación del modelo EGB en los centros de primaria de la Región
PSOE y Vox exigen en la Asamblea la construcción de una residencia pública para mayores en Molina de Segura en el solar que el ayuntamiento cedió para este fin en 2019. El municipio cuenta 248 plazas residenciales cuando serían necesarias 481.
Miembros de la plataforma de pensionistas de Molina se desplazaban al Pleno para asistir al debate de una moción del PSOE pidiendo una residencia pública para atender a los más de 9.000 mayores del municipio.
La iniciativa salía adelante en medio de intentos de llegar a acuerdos concretos sobre algunos de sus puntos y de la confusión general sobre las transacciones. La diputada socialista, María Dolores Martínez Pay, reprochaba al Gobierno regional la falta de plazas residenciales y el escaso peso de lo público.
Aunque inicialmente parecía posible un acuerdo de todos como el alcanzado por las mismas formaciones en el ayuntamiento de Molina, finalmente la moción salía adelante solo con los votos de PSOE y Vox. Para el diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, no quedaba suficientemente acreditado el carácter público de la futura residencia y para los populares se trata de una petición engañosa que no tiene en cuenta la financiación.
El PP anuncia en la Asamblea que continuará implantando la ESO en los centros de primaria que así lo soliciten. La oposición reprocha a la consejería arbitrariedad a la hora de decidir quienes se apuntan al modelo EGB, así como la falta de condiciones de los colegios para asumir la medida.
La Asamblea aprobaba una moción del PP instando al Gobierno regional a ampliar el número de centros de infantil y primaria que imparten también secundaria. En la actualidad, son 18 los CEIP que ofrecen clases de primero y segundo de la ESO. Carlos Albaladejo del PP defendía la iniciativa y pedía al Gobierno de España cambios legales.
Podemos-Izquierda Unida mostraba su rechazo total al llamado modelo EGB al estimar que no hay informes pedagógicos que lo respalden, mientras que Vox pedía sin éxito que se evalúe cómo está funcionando en los colegios. Sin cuestionar el modelo, el diputado socialista, Juan Andrés Escarabajal, reprocha a la Consejería falta de diálogo con la comunidad educativa, caos en la organización, además de advertir sobre necesidades perentorias en la enseñanza pública.
Por último, la Asamblea insta al Gobierno murciano a adelantar la concesión de las ayudas individualizadas al transporte escolar, pagar al comienzo del curso y ampliar las cuantías.
La partida de la Comunidad Autónoma destinada a este fin ronda actualmente los 200.000 euros anuales en convocatorias cuyo pago se efectúa a veces al acabar el curso escolar, además de ser insuficiente para todo el alumnado que lo necesita en la enseñanza pública, alrededor de medio millar de estudiantes.
A propuesta de Podemos-Izquierda Unida los grupos acordaban modificar la orden que regula estas ayudas con aportaciones de otros grupos. El diputado de Izquierda Unida, José Luis Álvarez-Castellanos, defendía la moción apelando al derecho a la gratuidad de la enseñanza pública.
Voz: María Dolores Martínez Pay, PSOE; José Luis Álvarez-Castellanos, IU; Miguel Ángel Miralles, PP; Carlos Albaladejo, PP; Juan Andrés Escarabajal, PSOE; Álvarez-Castellanos, IU.
