La administración local no se libra de este problema: en el consistorio de Fortuna solo 28 de los 175 empleados públicos son funcionarios, la temporalidad supera el 70%
REDACCIÓN / Murcia
En la Región, hay casi 78.000 personas con contratos temporales trabajando para las tres administraciones. Todos ellos podrían llegar a beneficiarse del pacto alcanzado entre sindicatos y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública para reducir la temporalidad en el sector público. Solo, Sanidad y Educación capitalizan 17.000 interinos en nuestra comunidad. La administración autonómica tiene 58.000 temporales, los ayuntamientos más de 10.000 y la Administración del Estado en Murcia, 5.000 más. Estas cifras son aproximadas porque hay muchos trabajando para el sector público con contratos asociados a programas, por lo general subvencionados con ayudas europeas. Los sindicatos reconocen que estos son un coladero que camufla puestos estructurales, por eso la temporalidad es mayor que la reconocida por las administraciones, según apunta Juan Miguel López, presidente autonómico de CSIF.
Hay situaciones flagrantes, en lo que a temporalidad se refiere. En Fortuna, su ayuntamiento tiene una plantilla de 175 trabajadores, solo 28 de ellos son funcionarios. La tasa de temporalidad aquí supera el 70% como denunciaba, Antonio Martínez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT.
La temporalidad se ha agudizado en todos los ámbitos con la pandemia por dos cosas: ha habido que reforzar servicios públicos y también se han ido aplazando convocatorias de empleo público. En cualquier caso, el fenómeno viene de atrás: de la crisis económica y la imposición de las tasas de reposición de plazas. UGT no renuncia a minimizarlas como nos ha contado Antonio Martínez. Ahora este acuerdo va a permitir, estabilizar a personas que llevan años trabajando para la administración pero no están fijos o poseen su plaza en propiedad. Se hará con convocatorias en los que la experiencia compute un 40 %. Los sindicatos dicen que estarán vigilantes para que las bases de las convocatorias de consolidación contemplen la situación particular de este colectivo. Juan Miguel Lópes de CSIF pone un ejemplo.
El acuerdo suscrito entre los sindicatos y el gobierno central contempla sacar plazas a provisión a través concurso, promoción interna y de comisión de servicios. También incluye la oblicación de convocar las ofertas públicas de empleo. Todras tendrán que estar resueltas antes de 2024, margen suficiente según las centrales sindicales, según entiende Santiago Navarro, secretario regional de Comisiones Obreras. Los que ocupando una plaza que salga en oferta en alguno de estos procesos y no la consigan quedarán despedidos pero ahora con 2 derechos adquiridos: una indemnización de 20 días por año trabajado y la posibilidad de incluirse en la correspondiente bolsa de trabajo.
