Mónica García defiende, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que debe estar garantizado en todo el país y que los gobiernos autonómicos tienen la "obligación" de asegurar la prestación
El aborto farmacológico es un método seguro para abortar. Se puede realizar siempre que la gestación sea menor a 9 semanas confirmada mediante ecografía y no existan contraindicaciones médicas. Los datos que maneja Sanidad indican que cuando el sector público se implica en la atención a la interrupción voluntaria del embarazo, el porcentaje de aborto farmacológico aumenta. Por ello el ministerio lo incorporará a la cartera común de servicios de Atención Primaria.
La ministra ha recordado que, en el último año, ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. La Región de Murcia es una de las comunidades en las que se derivan más procedimientos a centro privados. Desde la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, denuncian el el vencimiento del contrato suscrito por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para concertar esta prestación sanitaria con empresas privadas. María, es el nombre ficticio de una de las afectadas.
El colectivo, que aglutina los casos de aborto entre las semanas 14 y 22 cuando exista grave riesgo para la embarazada o graves anomalías del feto, pide que se garantice en la sanidad pública un derecho reconocido por la legislación española.
