La ministra critica al consejero Montoro por haber adjudicado solamente la construcción de 5 de las 560 casas protegidas para las que le transfirió más de 25 millones de euros
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido por carta a los gobiernos autonómicos que tomen medidas contra el fraude de las viviendas turísticas ilegales tras la anulación por el Tribunal Supremo del registro único de arrendamientos de corta duración, 2.400 de ellos en Murcia.
"Ver para creer", le espeta al consejero murciano del ramo, Jorge García Montoro, por haber adjudicado solamente la construcción de 5 de las 560 casas protegidas para las que le transfirió más de 25 millones de euros.
En las cartas remitidas a Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Baleares, Canarias, Navarra, Extremadura y País Vasco, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, les ha trasladado que acata la sentencia, "como no podría ser de otra forma".
"La única razón que explica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se implicara desde un inicio en esta materia era cumplir con el Reglamento de la Unión Europea que daba a entender que el Estado tenía que actuar de forma rápida ante la emergencia habitacional y la fuga masiva de viviendas del ámbito residencial al turístico", ha subrayado en los respectivos escritos.
El pasado 21 de mayo el Supremo acordó la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) que quieran publicitarse en plataformas digitales al entender que el Estado carece de competencia para establecer esta "exhaustiva" regulación.
En el caso de las CCAA gobernadas por el PP —en solitario, en coalición con otras formaciones o gracias a su apoyo—, les ha informado de que a partir de ahora corresponde a los gobiernos autonómicos llevar a cabo la inspección, sanción y clausura de las viviendas turísticas ilegales detectadas por el Registro de la Propiedad en este año en sus territorios.
La ministra ha indicado que cuando los derechos de la ciudadanía están "en juego", no se puede eludir la responsabilidad, hay que trabajar para garantizarlos y confía en que ahora tomen el camino correcto ya que las labor que han realizado ha sido "insuficiente, cuando no inexistente.
La ministra les ha comunicado que van a estar "muy vigilantes" de que se lleven a cabo las acciones oportunas para evitar que se siga produciendo este fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda de la ciudadanía.
En el caso de Madrid, insiste en que la ausencia de regulación "eficaz" para alquileres turísticos y de temporada y la ausencia y omisión "deliberada" de la función inspectora y sancionadora permite a pisos turísticos operar como alquileres de temporada cuando carecen de licencia turística, especialmente en la capital.
Sin embargo, ha apuntado que otras CCAA, gobernadas por el PSOE o con el apoyo del mismo, han demostrado "estar a la altura" para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y son un "faro de inspiración".
Les agradece su "extraordinaria valentía" por haber primado el interés de la ciudadanía a intereses privados y/o económicos "en un momento en el que se pone en tela de juicio el papel de las instituciones por parte de la extrema derecha".
Según se desprende de las cartas, se han detectado 27.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía; 25.000 en Madrid (turísticas y de temporada); 15.000 en la Comunidad Valenciana (9.000 en la provincia de Alicante); 14.200 en Canarias; 4.500 en Galicia; 2.400 en Murcia; 1.750 en Castilla y León; 1.700 en Cantabria; 1.180 en Aragón; 380 en Extremadura o 367 en La Rioja.
