De la trama se beneficiaban propietarios de vehículos que se desplazaban desde diferentes puntos del sureste, todos ellos relacionados con empresas que se dedicaban a la compra-venta de vehículos
Siete empleados de un taller de inspección técnica de vehículos (ITV) en Santomera, entre ellos directores técnicos, ingenieros y técnicos especializados, han sido detenidos por supuestamente formar parte de una red que facilitó fraudulentamente el permiso favorable a alrededor de 5.000 vehículos en los dos últimos años.
Según ha informado este lunes la Policía Nacional, el entramado delictivo operaba entre Santomera y la población alicantina de Crevillent y se ha arrestado a un total de trece personas (siete de ellos de la referida ITV) de entre 32 y 68 años, ocho de ellos españoles, cuatro marroquíes y un senegalés, varios con antecedentes.
La investigación concluyó el pasado día 28 de noviembre con el registro e inspección de la ITV de Santomera, así como dos empresas de compra-venta de vehículos de segunda mano en la localidad de Crevillent, donde se decomisaron 9.000 euros en efectivo, documentación vinculada a los delitos investigados y una máquina troqueladora de matrículas.
Los seis detenidos añadidos a la estación de la ITV fueron localizados en Molina de Segura, Crevillent y Elche en un operativo que también incluyó inspecciones en más de 200 vehículos, que propició la inmovilización de algunos de ellos por parte de la policía local de Crevillent por la falta de documentación.
El operativo de la Policía Nacional de Elche en colaboración con la policía local de Crevillent se ha prolongado durante meses y permitió descubrir una trama de la que se beneficiaban propietarios de vehículos que se desplazaban desde diferentes puntos de España, como Valencia, Almería, Granada o Albacete, todos ellos relacionados con empresas que se dedicaban a la compra-venta de vehículos.
El cabecilla ha resultado ser un individuo de nacionalidad marroquí residente en Crevillent, que hacía de intermediario entre empresas de compra-venta de vehículos de segunda mano e importación, talleres de la zona y la estación de ITV de Santomera.
Su participación abarcaba desde la supervisión de inspecciones fraudulentas dentro de la propia estación de ITV hasta la revisión de documentos, llegando incluso a tener conexiones con propietarios de vehículos particulares con deficiencias, a los cuales cobraba para conseguir un resultado positivo en la inspección del vehículo en la estación.
Uno de los vehículos que pasó fraudulentamente la inspección en la estación murciana fue interceptado y llevado a otra ITV de Elche, donde se comprobó que el coche presentaba un total de 15 fallos distintos de carácter grave.
El líder de la trama colaboraba de forma estrecha con varias empresas de compra-venta de vehículos de Crevillent, la mayoría dirigidas por ciudadanos de origen marroquí, que adquirían para su venta vehículos con deficiencias graves o sin la documentación necesaria para su matriculación en España y posterior venta.
Los agentes descubrieron que el cabecilla disponía, incluso, de una taquilla en la estación de Santomera pese a que no era un trabajador "asalariado". Dentro contaba con un dispositivo OBD (On Board Diagnostics) para eliminar electrónicamente los fallos que los vehículos "corruptos" daban en la compleja maquinaria utilizada en este tipo de estaciones y así poder seguir con la inspección de manera favorable.
Las actuaciones han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche, aunque algunos de los detenidos fueron puestos a disposición de los Juzgados de Murcia y Molina del Segura para unos implicados que se enfrentan a cargos que van desde pertenencia a organización criminal pasando por delitos contra la Administración pública, falsedad documental hasta contra la seguridad vial, incluyendo estafa al gerente del taller investigado.
Comisiones Obreras considera que la guerra de precios que existe en el sector de las ITV ha dado lugar a una "competencia desleal" entre las empresas que gestionan el servicio después de la liberalización del sector. Ese es el germen de las estafas que, de cuando en cuando, se destapan en la Región, según señala Víctor Romera, secretario de Empleo, Acción Sindical y Negociación Colectiva de este sindicato.
Romera recuerda que el número de ITVs se triplicó en poco tiempo tras la liberalización, cuando el parque móvil de nuestra comunidad no siguió la misma evolución. Así las cosas, la rentabilidad y viabilidad de estos negocios se ha depositado sobre a política de "hacer trampas", aseguran desde este sindicato. Romera cree que no se hizo una transición correcta en un sector que consideran "sensible".
Algunas fuentes del sector señalan a Onda Regional que la política de inspecciones de la administración regional es escasa con pocos inspectores y pocas incursiones en las nuevas estaciones de ITV. Desde Comisiones Obreras, por su parte, ponen el foco sobre los gestores de estos negocios ya que, según señala Romera, los trabajadores son personas cualificadas y cumplen con sus obligaciones.
