La partida, que incluye también una ayuda universal de 400 euros a alumnos con discapacidad, asciende a 2.520 millones de euros
AGENCIAS | REDACCIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 2.520 millones de euros destinada a becas que beneficiará a más de un millón de estudiantes. El complemento de residencia aumenta en 900 euros y habrá un ayuda complementaria de 400 euros para alumnos con capacidades específicas de apoyo educativo.
La cuantía media de las becas se estima en 1.730 euros anuales para los estudiantes no universitarios y en 3.130 euros para los estudiantes universitarios.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha calificado de "histórica" la inversión aprobada por el Gobierno Nacional. Ha señalado que es la mayor partida presupuestaria de la historia de la democracia destinada a becas para estudiantes
El complemento de residencia pasa de 1.600 euros a 2.500, 900 euros más. De él se beneficiarán 187.000 estudiantes que tienen que trasladarse de pequeñas o medianas localidades a capitales de provincia para cursar estudios universitarios o de Formación Profesional.
La titular de Educación ha anunciado que 200 millones de euros se destinarán a crear una ayuda universal de 400 euros a estudiantes con alguna discapacidad, para ha señalado Pilar Alegría, contar con un sistema educativo más inclusivo.
A partir del mes de marzo los estudiantes podrán presentar la solicitud de beca cuya resolución será comunicada entre agosto y septiembre.
- Las cuantías de las becas al estudio de carácter general será de 1.700 euros la cuantía fija ligada a la renta del solicitante; de 2.500 euros la ligada a la residencia del solicitante durante el curso; de 300 euros la beca básica, que será de 350 euros en el caso de cursar ciclos formativos de Grado Básico; y la cuantía ligada a la excelencia en el rendimiento académico será de entre 50 euros y 125 euros.
- Igualmente, el documento recoge una cuantía adicional de 442 euros para las personas beneficiarias de becas y ayudas al estudio con domicilio familiar en la España insular o en Ceuta o Melilla que se vean en la necesidad de utilizar transporte marítimo o aéreo para acceder al centro docente en el que cursen sus estudios desde su domicilio.
- Esta cantidad adicional será de 623 euros para quienes tengan domicilio familiar en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, Menorca, Ibiza y Formentera.
- Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo recibirán el próximo curso hasta 862 euros de ayuda de enseñanza; hasta 617 euros de ayuda de transporte escolar; hasta 574 euros de ayuda de comedor escolar; hasta 1.795 euros de ayuda de residencia escolar; hasta 442 euros de ayuda para transporte de fin de semana; hasta 308 euros de ayudas para transporte urbano; hasta 204 euros de ayuda para material escolar; hasta 913 euros de ayuda para reeducación pedagógica; y hasta 913 euros de ayuda para reeducación del lenguaje, además de los 400 euros de subsidio universal para gastos adicionales de carácter general.
- Los beneficiarios son: alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta; trastorno grave de la comunicación y del lenguaje; trastorno del espectro del autismo y alumnado con alta capacidad intelectual.
- La concesión de estos subsidios no atenderán a la renta ni al patrimonio familiar.
- Habrá un nuevo subsidio universal para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que tendrá un importe de 400 euros, y que se justifica por el hecho de que las familias con hijos o hijas que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales muy significativos para atenderles. El Ministerio de Educación calcula que serán más de 240.000 beneficiarios.
- El subsidio universal es compatible con la beca que cada estudiante pueda percibir en función de su situación económica familiar y las circunstancias personales de necesidad educativa especial.
- El decreto también contempla medidas específicas para compensar las desventajas de los y las estudiantes de enseñanzas universitarias con discapacidad; medidas específicas para víctimas de violencia de género y reglas para la compensación a las Universidades por la exención de la matrícula.
- Se mantiene el adelanto de las convocatorias iniciado el año pasado y que supone avanzar cuatro meses las solicitudes de becas, que se iniciarán el próximo mes de marzo.
- Las becas de la convocatoria general se ofertan a quienes estén en Bachillerato; Formación Profesional; Enseñanzas Artísticas y Deportivas; Estudios Religiosos superiores; Enseñanzas de idiomas realizadas en escuelas oficiales y Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster, entre otras.
-La renta familiar a efectos de beca o ayuda se obtendrá por la suma de las rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que obtenga ingresos de cualquier naturaleza, calculadas en virtud de la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-A efectos de las becas y ayudas al estudio del curso 2023-2024, se computará el ejercicio 2022.
-Independientemente de cuál sea la renta familiar, los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros computables de la familia, excluida la vivienda habitual, no podrán superar los 42.900 euros.
- Las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas menores de 25 años y las personas menores sujetas a su tutela podrán obtener la beca básica, o beca de matrícula.
- A estas personas no les serán de aplicación los requisitos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2022-2023, ni el límite del número de años con la condición de beneficiario de becas, ni la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2023-2024 para el que hayan resultado beneficiarias de la beca.
- A instancias de los socios del Gobierno, el Ministerio de Educación se ha comprometido a estudiar el próximo año la concesión de becas para las víctimas de violencia sexual. Evaluará su impacto económico y cómo podría ser la regulación.
