Asociaciones para la vivienda y la integración social, como ADVIS, consideran insuficiente la nueva Ley de Vivienda si no viene unida a un aumento de la construcción pública de inmuebles
Las ONG reclaman más vivienda pública, mientras se reactiva este mes de enero la negociación para aprobar una nueva Ley de Vivienda. Las prórrogas que mantienen un tope al alquiler y prohíben algunos desahucios no son más que parches, según lo entienden las asociaciones que trabajan con familias vulnerables.
Así ocurre con la Asociación en Defensa de la Vivienda e Integración Social (ADVIS), que recibe semanalmente 6 o 7 familias en cada uno de sus puntos de información en la zona del Mar Menor: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y La Unión. Su portavoz es Charo Tárraga, quien considera que no hay posibilidad de ofrecer alquileres adecuados a los ingresos porque faltan construcciones públicas.
Y es que el problema realmente grave está en la precariedad, que aumenta y cada vez afecta a más personas. Pone un ejemplo concreto de ayuda el pasado día de Reyes. Ocurrío en Los Alcázares, donde el ayuntamiento asistió a una familia que carecía totalmente de alimentos.
Los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han acordado activar las negociaciones sobre la futura ley de vivienda durante este mes de enero. Parece que ha habido avances en dos cuestiones especialmente debatidas: limitación del precio del alquiler y restricción de los desahucios de quienes carecen de vivienda alternativa. De ahí la petición que el gobierno ha realizado al Congreso para que se realicen las reuniones necesarias para elaborar esta norma durante el mes de enero, que habitualmente no es hábil.
Las ONG como Advis reclaman que, para solucionar más rápidamente las necesidades de los más vulnerables, permanezca abierto el diálogo entre las distintas administraciones central, autonómica y municipal.
Por ahora, se mantiene la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativas de otro hogar, en algunos casos, hasta el 30 de junio.
Era una de las medidas que a final de año incluía un decreto ley, que también contempla la prórroga del tope a la subida de los alquileres durante todo este año 2023. Como explica la Fundación Civio esto significa que, si el precio se revisa a lo largo del año teniendo en cuenta el IPC, el casero no puede subir todo ese porcentaje. El tope está en el Índice de Garantía de Competitividad, que está limitado al 2 %.
Y se recupera hasta el 30 de junio la prórroga obligatoria de contratos de alquiler que terminen ahora, si así lo solicita el inquilino, que puede mantener durante seis meses las mismas condiciones que tenía, salvo que hubiesen pactado algo distinto con anterioridad o se hubiese comunicado la necesidad del piso para un familiar directo.
