El especialista en Geriatría, Carmelo Gómez, falta un mecanismo legal que proteja a los mayores y que obligue a administraciones a tomar la iniciativa para evitar el maltrato y el menoscabo que sufren muchos de ellos
Cuando hablamos de maltrato a los ancianos, estamos hablando en realidad de fenómenos muy diversos. Están, evidentemente, los casos de abusos físicos, las agresiones, que son las formas más evidentes de ese maltrato; pero hay otros muchos comportamientos que también constituyen un menoscabo para los ancianos: desde el hijo que le vacía las cuentas y le chantajea emocionalmente para que le mantenga económicamente, a aquellos mayores a los que tratamos como si el mero hecho de cumplir años les hubiera privado de su capacidad para tomar decisiones, para tener sus propias preferencias o intereses.
El enfermero especialista en Geriatría Carmelo Gómez nos dice que esto último es muy común, entre otras cosas porque en esta sociedad se ha instalado un discurso que equipara la vejez con la dependencia y que nos lleva a abordar el proceso del envejecimiento saludable sólo desde una óptica sanitaria. Cuando las administraciones miran a la vejez y la identifican con las personas dependientes que están institucionalizadas en residencias o centros de día, están olvidando al 95% de la población mayor de 70 años que sigue siendo autónoma y que necesita un apoyo público, que casi nunca encuentra, para desarrollar sus propios proyectos de vida.
En general, nos explica Carmelo Gómez, cuando hablamos de maltrato pensamos en los casos más extremos, en los que nos remiten a episodios de violencia física contra personas mayores. Pero hay otros muchos comportamientos que también deberían entrar en esa categoría y a los que no se les otorga tanta visibilidad.
Lo que parece evidente es que hay mucho camino por recorrer. Deberíamos recuperar, dice Carmelo Gómez, el estatus de "persona honorable" que les hemos robado a los ancianos y eso es una cuestión de educación social. Pero falta también un mecanismo legal que los proteja, que obligue a particulares y administraciones a tomar la iniciativa para evitar el maltrato y el menoscabo que sufren muchos de nuestros mayores.
