Por segundo día consecutivo, una funcionaria de la prisión de Campos del Río ha sido agredida por una interna con problemas mentales. El caso ha sido denunciado por CCOO, que reclama soluciones al Ministerio del Interior
Por segundo día consecutivo, una funcionaria de la prisión de Campos del Río ha sido agredida por una interna con problemas mentales. El caso ha sido denunciado por el sindicato CCOO, que insiste en reclamar soluciones al Ministerio del Interior porque las cárceles no tienen condiciones para convertirse en manicomios: ni es seguro para los funcionarios, ni se respeta el derecho de los presos a recibir la atención médica que necesitan.
El responsable de Salud Laboral de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Chema López, recuerda que es la segunda agresión de este tipo que se produce en Campos del Río en las últimas 48 horas.
En la región de Murcia hay una única psiquiatra externa contratada para atender los dos centros penitenciarios (Murcia 1 y Murcia 2) a los que realiza visitas cada quince días, lo que en opinión de CCOO resulta claramente insuficiente. La solución, dice Chema López, podría llegar a través de la creación de Unidades Psiquiátricas Penitenciarias, especializadas en el tratamiento de este tipo de presos. Una propuesta, añade, que el Ministerio del Interior no parece dispuesto a aceptar.
Desde el punto de vista de los funcionarios, la situación es muy preocupante, entre otras cosas porque incidentes como los que se han producido estos dos últimos días no se tratan desde el punto de vista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que no se aplica en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias. A Comisiones Obreras no le cuadran las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio que hoy mismo, en respuesta a una pregunta parlamentaria de VOX, ha estimado que las agresiones registradas en las prisiones españolas entre enero y noviembre del año pasado fueron en total 410, once de ellas graves y una muy grave. Datos que se quedan por debajo de los cálculos de las organizaciones sindicales que, además, difieren del Ministerio en la consideración que se otorga a la gravedad de una agresión, entre otras cosas porque no se toma en consideración el efecto psicológico que deja en el trabajador.
