La organización agraria COAG reclama la puesta en marcha del Observatorio de Precios previsto en la Ley de la Cadena Alimentaria para poder detectar quién está obteniendo unos beneficios que sobrepasan lo razonable
El último índice de precios en origen y destino que elabora la organización agraria COAG vuelve a revelar enormes diferencias entre lo que los agricultores perciben por sus productos y el precio al que esos mismos productos se venden luego a los consumidores finales. El presidente de COAG en la región, José Miguel Marín, reclama al Gobierno regional que acelere el proceso de constitución del Observatorio Regional de Precios para evitar que los especuladores puedan campar a sus anchas en el mercado de los alimentos frescos.
El índice correspondiente al mes de febrero pone de manifiesto que los precios de venta de algunos productos multiplican hasta por diez el importe que los distribuidores pagaron por ellos. Un puñado de ejemplos: un kilo de ajos se compra al agricultor por sesenta céntimos, pero se vende en las tiendas a casi seis euros; un kilo de limones cuesta apenas 33 céntimos, aunque el consumidor final tiene que pagar por ellos dos euros más. Y la carne de cerdo, que se ha cotizado durante el mes de febrero a una media de un euro noventa, se ha vendido a casi seis euros y medio el kilo. Son diferencias absolutamente injustificables, según el presidente de COAG en la región José Miguel Marín.
Marín asume que algunos costes de las empresas de distribución han subido si se comparan con los de antes de la guerra de Ucrania. Pero también es consciente de que desde hace meses el precio de la electricidad se ha estabilizado, de la misma forma en que lo han hecho los combustibles que, además, siguen estando bonificados para los transportistas profesionales. Que los precios en destino sigan estando tan altos a pesar de la rebaja del IVA sugiere que hay especuladores interviniendo en el mercado. Por eso reclama la puesta en marcha del Observatorio de Precios que está previsto en la Ley de la Cadena Alimentaria, para poder detectar quién está obteniendo unos beneficios que sobrepasan lo razonable.
La puesta en marcha de los Observatorios de Precios es una decisión que depende de cada Comunidad Autónoma. En Murcia, dice Marín, la administración regional parece tener buena voluntad, pero los avances que se han registrado hasta ahora son prácticamente inapreciables. Por eso reclama más decisión y velocidad al Gobierno regional.
