El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, vuelve a negar la existencia de un preacuerdo al que aludían, hace una semana, CCOO y UGT
Gobierno regional y fuerzas sindicales siguen negociando la implantación de las 35 horas en la Administración. Lo asegura el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, que vuelve a negar la existencia de un preacuerdo al que aludían, hace una semana, CCOO y UGT. Este último sindicato acusa al consejero de mentir, insisten en que en ningún momento se ha negociado con todas las fuerzas sindicales y señala al sindicato médico como responsable de frenar el acuerdo. Comisiones no descarta sumarse a las protestas.
Se encona la situación para implantar la jornada de 35 horas. El consejero insiste: el asunto es importante, dice, pero no hay nada cerrado.
Desde UGT, Antonio Martínez Peñaranda acusa a Marín de mentir. El sindicato mantiene su calendario de movilizaciones que culminaría en una manifestación y una jornada de huelga general en la administración regional una semana antes de las elecciones si no se alcanza un acuerdo. Confían en que otras fuerzas se sumen a las protestas. Peñaranda dice que el Sindicato Médico ha conseguido someter a la Consejería.
El consejero Marín insiste en que hay que buscar el consenso de todas las partes. Mientras tanto, UGT niega la mayor; asegura que, ni hay cita para reunirse, ni se negoció con todas las fuerzas sindicales.
Comisiones Obreras respalda lo que dice UGT: había acuerdo para que entre junio de este año y junio del año que viene se alcanzaran las 35 horas. Santiago Navarro, secretario regional de Comisiones, no descarta sumarse a las protestas. Acusa a los sindicatos que apuestan por retrasar la implantación a septiembre de querer invalidar la negociación utilizando la cita electoral de mayo.
La presidenta del Sindicato Médico, Maria José Campillo, dice que su organización no está bloqueando nada, sino que lleva a cabo su propia negociación con el Gobierno regional. Lo que ahora exigen, según explica, es que la implantación de las 35 horas se haga de una sola vez y cuanto antes, aunque también sostiene que en sanidad sería imposible de aplicar durante el verano, coincidiendo con los periodos de vacaciones de médicos y enfermeros. Campillo afirma que las consecuencias económicas de esa reducción de jornada es un asunto que tendrá que resolver el Gobierno regional que, por ahora, no se ha pronunciado sobre su petición.
