Los CDIAT concertados podrán atender a los niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo
Política Social ha suscrito este lunes un concierto con 30 asociaciones dedicadas a prestar servicios de Atención Temprana con el que se espera llegar a unos 5.000 pacientes. La inversión prevista es superior a los 7 millones de euros.
La principal novedad es que la financiación se llevará a cabo a través de conciertos y no como hasta ahora, que se hacía bajo la fórmula del convenio. Esto significa que las asociaciones cobrarán por cada sesión que ofrezcan el importe de 33,60 euros y no una cantidad fija sin tener en cuenta el número de sesiones. Joaquín Barberán, de Plena Inclusión, habla de "día histórico".
Esta mañana se han suscrito unas 200.000 sesiones por un importe que supera los 7 millones de euros con las empresas concertadas. El siguiente paso es la firma de conciertos similares con todos los ayuntamientos que cuentan con unidades de atención temprana. En este caso se espera cerrar esos conciertos en las próximas semanas por un importe total de 4 millones y con el que se espera llegar a otros 1.000 pacientes. El coste por sesión será el mismo.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, explica que el espíritu de la nueva ley de atención temprana es que todos los niños que lo necesiten puedan recibir este tipo de atención independientemente de donde vivan.
La Plataforma por la Atención Temprana considera que la Administración prioriza la atención en centros privados en perjuicio de los públicos. Señalan que, aunque estos centros privados ofrecen la atención de forma gratuita, se acaba invitando a las familias a asociarse. Además, niegan que no existan demoras a la hora de empezar a recibir esta atención.
El procedimiento, según señalan desde la consejería de política social y desde las asociaciones privadas adheridas, es que la propia consejería deriva a un centro u otro en función de las necesidades que tenga el paciente y de su lugar de procedencia y que, en ningún caso, las familias tienen la obligación de asociarse a estos entes privados, según ha explicado Joaquín Barberá, de Plena Inclusión.
Después será la consejería la que pague las sesiones que ese paciente necesite. Sin embargo, desde la Plataforma de Atención Temprana, Isabel Casbas señala que, aunque sobre el papel es así, en ocasiones estas asociaciones invitan a las familias a asociarse.
Otra de las críticas que surgen desde la plataforma son las listas de espera. La consejera, Conchita Ruiz, estima que desde que se deriva un caso a la consejería, hasta que se le asigna centro, transcurren unos 40 días.
Un extremo que niegan desde esta plataforma, que hablan de un procedimiento administrativo previo farragoso.
