Piden a López Miras "que se moje" ante las declaraciones que vinculaban inmigración con yihadismo: "el silencio sería cómplice"
Cuatro ONG's (Amigos de Ritsona, Convivir sin Racismo, Murcia Acoge y PAREM, la Asociación para la ayuda a las personas refugiadas) han decidido denunciar ante la Fiscalía al vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, y al portavoz del grupo parlamentario de VOX, Rubén Martínez Alpañez, por un presunto delito de odio a raíz de las declaraciones en las que vinculaban la llegada de migrantes irregulares a las costas de la región con la delincuencia y el terrorismo yihadista.
En rueda de prensa celebrada este viernes, el portavoz de Amigos de Ritsona, el cura Joaquín Sánchez, ha pedido al presidente del Gobierno regional Fernando López Miras que se pronuncie sobre esas declaraciones del vicepresidente de su Ejecutivo, porque el guardar silencio, asegura, lo hace "cómplice".
Las ONGs han mostrado su preocupación por las repercusiones en el trato hacia los inmigrantes que estas declaraciones puedan provocar. Expresiones como "andan sueltos", pronunciadas por los responsables políticos en referencia a que los inmigrantes estaban en la calle "no aportan más que miedo, recelo e incomprensión entre la sociedad murciana". "No es una actitud humana", según el cura Joaquín Sánchez.
Joaquín Sánchez cree que este tipo de declaraciones sólo sirven para sembrar el miedo, que es siempre la antesala del odio. El momento es especialmente delicado, porque estas declaraciones coinciden en el tiempo con la escalada de violencia en Oriente Próximo. En opinión de Sánchez, en ese caldo de cultivo resulta "muy peligroso sembrar odio", porque podría alimentar reacciones violentas contra la población de norteafricana que vive en la región de Murcia.
La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ya anticipó el martes que, aunque no pensaba actuar de oficio contra Antelo y Martínez Alpañez, estaría dispuesta a estudiar cualquier posible denuncia que pudiera presentarse por sus declaraciones. Las ONG's que han tomado la iniciativa entienden que hay que exigir un extra de responsabilidad a quienes ocupan un cargo público y representan al gobierno de todos los murcianos.
La propia Delegación del Gobierno estaba estudiando si las declaraciones de Antelo y Martínez Alpañez sobre la llegada de pateras pueden ser un "delito de odio". Precisamente este viernes el delegado del Gobierno Francisco Jiménez ha asegurado que los ministerios de Interior y Política Territorial estudian llevar también ante Fiscalía las palabras de los dirigentes de Vox.
El delito de odio en España se rige por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal para incluir disposiciones específicas relacionadas con tal circunstancia. Esta ley choca con la libertad de expresión, que también está protegida en España, si bien existen límites legales cuando las expresiones cruzan la línea hacia la incitación al odio o la violencia dirigida hacia un grupo protegido. En estos casos, las declaraciones pueden dar lugar a investigaciones y posibles procesos legales
