La Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública denuncia que el comité ético, con un objetor de conciencia, les denegara la interrupción voluntaria del embarazo
La Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública denuncia que dos embarazadas de la Región de Murcia con problemas médicos acreditados han tenido que abortar en el extranjero. Un comité ético clínico les ha denegado la interrupción voluntaria del embarazo a las 22 semanas de gestación.
Conchi, portavoz de la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública, critica que la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable se sigue derivando a centros privados, cuando la ley de 2010 ya contemplaba que debía atenderse en un hospital público preferentemente.
A ese incumplimiento se añaden los casos recientes de dos mujeres de la Región que han tenido que abortar en el extranjero. A las 22 semanas de gestación se considera que el feto es viable y un comité ético clínico debe autorizar la interrupción voluntaria del embarazo. La portavoz de la Plataforma ha denunciado en ONDA REGIONAL que uno de los tres miembros del comité ético clínico se ha declarado objetor de conciencia.
La plataforma de mujeres expulsadas de la Sanidad Pública duda de que en la Región se vaya a cumplir la reforma de la ley aprobada hoy en el Congreso de los Diputados "por cuestiones ideológicas". Recordemos que la norma obliga a los hospitales públicos a garantizar el derecho al aborto.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ya alertó el pasado mes de julio de que la consejería solo había notificado un aborto en la sanidad pública murciana en 2021. Salud adjudicó hace unos meses a clínicas privadas la interrupción voluntaria del embarazo en la Región de Murcia durante cuatro años. Conchi se pregunta qué va a hacer ahora el Gobierno regional con este contrato valorado en 8 millones de euros.
