La ministra de Igualdad Irene Montero advierte de que habrá resistencias para aplicar ley del aborto
REDACCIÓN | AGENCIAS
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde de forma definitiva a la reforma de la ley del aborto, que acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y consagra la red pública como referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
Con 185 votos a favor, 154 votos en contra y tres abstenciones de diputados de PdeCat, la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sale adelante con la oposición de PP y Vox y en medio de la polémica por la resolución del Tribunal Constitucional, que ha avalado la ley de plazos de 2010 recurrida por el PP.
La reforma del aborto ha unido en esta ocasión a los socios de gobierno en una semana en la que los roces han sido constantes a causa de la reforma de la ley del solo sí es sí. La ley, que permite abortar libremente a las mujeres mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación, elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha celebrado el apoyo de la mayoría feminista del Congreso a esta reforma, ha alertado de que habrá resistencias a la hora de aplicar la ley, tal y como ha ocurrido en todas las normas feministas.
Por eso, ha señalado que ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios.
El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días. Este punto ha sido uno de los más cuestionados por los partidos de la derecha. La titular de Igualdad ha celebrado la aprobación de esta ley que "amplía" los derechos de las mujeres, no sólo el derecho al aborto, sino los derechos sexuales y reproductivos porque sin ellos -ha dicho- las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho.
Además, el Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito, a partir de los 16 años.
Durante el Pleno celebrado en la Cámara baja se han votado las enmiendas que venían del Senado y que realizan una corrección técnica del texto. Todas ellas han contado con el apoyo mayoritario de la Cámara baja, pero a estos votos favorables no se ha sumado el de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha decidido abstenerse en ambas votaciones, como ya hizo en la votación a la ley durante su primer paso por el Congreso.
La Ley trans y por los derechos de las personas LGTBI permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite "disforia de género". Bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses.
Esta media se aplicará también a los menores a partir de los 16 años. Además, los de entre 14 a 16 años, deberán estar acompañado por sus padres para llevar a cabo este proceso, mientras que si el menor no cuenta con su consentimiento se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
De 12 a 14 años también se puede modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez y los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.
Pero esta norma también incluye otras medidas relacionadas con el colectivo LGTBI+, como su acceso a la reproducción asistida o la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas.
