Entre otras medidas, reconoce la diversidad de las situaciones familiares y aborda la "emergencia de conciliación" con nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes
El Consejo de Ministros ha dado luz verde definitiva este martes a la ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que, entre otras medidas, reconoce la diversidad de las situaciones familiares y aborda la "emergencia de conciliación" con nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes.
La ley de Familias, que fue aprobada en primera vuelta el pasado mes de diciembre, no prohibirá finalmente el conocido como "pin parental", como proponía el anteproyecto de la norma impulsada por el ministerio de Ione Belarra, después de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Estado.
El Consejo de Ministros traslada hoy al Parlamento la norma para continuar el trámite parlamentario con el objetivo de que entre en vigor esta legislatura. El anteproyecto, al hablar de los derechos de los menores, prohibía que padres o tutores pudieran impedir el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como "pin parental" en los centros educativos.
Según el Ministerio, la prohibición se elimina finalmente de la ley "atendiendo a la recomendación y el criterio técnico del Consejo de Estado", en una modificación realizada en las últimas horas. Recordamos que el "pin parental" es una medida defendida por Vox para permitir a las familias eludir y vetar aquellos contenidos que se imparten en las escuelas que no consideren apropiados para sus hijos.
Precisamente aquí, en la Región, se intentó implantar ese mecanismo por parte de la ya exconsejera de Educaicón, Mabel Campuzano, una de las diputadas repudiadas de Vox. Finalmente se quedó en una simple herramienta informativa de las acciones que se llevan a cabo en los centros.
La ley crea un registro de parejas de hecho que podrán acceder a los distintos permisos, como los 15 días que se da por matrimonio, y reconoce el derecho a la atención temprana.
También recoge la ampliación de la renta crianza de cien euros al mes por hijo menor de 3 años que solo cobraban las madres trabajadoras a aquellas que están en paro o que hayan cotizado al menos un mes, una medida que ya está en marcha desde enero.
La Ley de Familias, que transpone la directiva europea de conciliación de 2019 y modifica el Estatuto de los Trabajadores, incluye un permiso retribuido de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente y el derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -en casos de enfermedad o accidente- hasta cuatro días también retribuidos.
Incorpora un nuevo permiso de ocho semanas, pero no retribuido, para padres y madres de hijos menores de 8 años, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial.
"Las personas deben poder formar las familias que ellos decidan, si quieren hacerlo, y deben elegir con quien quieren compartir su vida. Y las instituciones estaremos ahí para acompañarlas, para protegerlas y para apoyarlas. Porque queremos un país con personas más libres y más felices", ha destacado Belarra.
Con la nueva norma ascenderán a más de un millón las conocidas hasta ahora como "familias numerosas", que pasan a denominarse "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", ya que incorpora a unos 300.000 hogares de un solo progenitor con dos hijos que pasan a tener esa condición que reconoce derechos y ayudas.
También otorga ese título a los hogares con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad, los encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, y aquellos con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.
El texto ha retirado a última hora la prohibición del conocido como "pin parental", como proponía el anteproyecto de la norma impulsada por Belarra, "atendiendo a la recomendación y el criterio técnico del Consejo de Estado" para que la norma "sea conforme a su dictamen", según han explicado a EFE fuentes de Derechos Sociales.
La portavoz del Gobierno se ha limitado a señalar que se han atendido algunas precisiones del Consejo de Estado respecto al ámbito competencial y los derechos de los padres, y ha evitado comentar el informe del CGPJ que alerta de que la veintena de tipos de familia que contempla la ley genera inseguridad y desigualdad
