El Consejo de Ministros da 'luz verde' a ayudas directas de Estado para el campo de 636 millones
El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto-ley que incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania.
De esta forma, el Gobierno eleva a unos 2.190 millones de euros las ayudas agrarias y las habilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de aguas.
Entre las medidas aprobadas este jueves se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.
De las ayudas directas, 355 millones de euros serán para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276,7 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura, según ha explicado el ministro de Agricultura Luis Planas.
Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo.
El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación "compleja" que, unida a las circunstancias climáticas, hace que resulte de "extraordinaria y urgente" necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país.
Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y relacionadas con la Política Agraria Común (PAC).
Para la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera este paquete de medidas llega para actualizar las "reflexiones" que han motivado el trabajo del Gobierno en estos cinco años para una España acostumbrada a periodos de sequía pero que está sufriéndolas con una incidencia "mucho mayor" y con efectos que hay que afrontar con toda la capacidad técnica que España ha ido desarrollando en estos años desde la declaración de emergencia climática.
La vicepresidenta ha mencionado a "algunos" que piden un "pacto nacional del agua" a quienes recuerda que "ese pacto existe" y se llaman planes hidrológicos del agua, en los que se ha trabajado durante los últimos cuatro años y que orientarán las decisiones en materia de agua para estar preparados para esos escenarios.
En concreto, se ha referido a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pide un pacto nacional del agua y que ha propuesto destinar 50.000 millones de euros a la gestión de este recurso hídrico. Ribera ha manifestado que cuando oye su petición entiende que lo que quiere Feijóo es derogar los planes hidrológicos que ya existen y en los que se ha trabajado cuatro años, incluyendo los escenarios climáticos, realizados con trabajo técnico y científico y que cuentan con el aval mayoritario en todas las cuencas en todos los casos excepto, "por la mínima", en el plan hidrológico del Duero.
Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo. Ribera ha explicado otras actuaciones diseñadas por su departamento que incluyen la reducción de los cánones y las tarifas de las explotaciones agrarias afectadas, así como un precio fijo para el agua desalada para que los agricultores puedan utilizarla a un precio asequible. Otra de las medidas aprobadas será el trasvase de 3 hectómetros cúbicos del Tinto y el Odiel para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.Transición Ecológica cuantifica el gasto de su ministerio en estas medidas en 1.400 millones de euros
