Un informe técnico subraya que la aprobación del Plan de Cuenca del Tajo supondrá la reducción del 15,6 por ciento de la superficie de regadío, pérdidas de casi 5.700 millones de euros y la destrucción de 15.300 empleos
Los estudios técnicos y de impacto económico que avalan los recursos contra el Plan de Cuenca del Tajo, recogen una merma de agua, no sólo para el regadío, también para abastecimiento, de 27 hectómetros cúbicos al año. Esa reducción de agua para beber procedente del Tajo, generará mayor necesidad de desalación para satisfacer las necesidades del Levante y un encarecimiento en el recibo del agua superior al 60%.
Es uno de los argumentos de los regantes del Trasvase, Gobierno regional, Junta de Andalucía y Diputación de Alicante, que este miércoles han coordinado sus explicaciones técnicas y jurídicas en los cuatro recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo. Para respaldar su solicitud de medidas cautelares, el Gobierno murciano ha adjuntado una memoria con diez anexos que representan los trabajos técnicos que se han encargado a diferentes expertos en la materia.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha reunido en el Palacio de San Esteban con el presidente de los regantes del trasvase, Lucas Jiménez, con el catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo, y con el director del Instituto EuroMediterráneo del Agua, Francisco Cabezas.
Melgarejo apunta que ya en la memoria del Plan Hidrológico del Segura se deja claro que un aumento de los caudales ecológicos en el Tajo, hasta alcanzar los 8'65 metros cúbicos por segundo previstos en 2027, dejaría a la cuenca receptora sin 105 hectómetros cúbicos al año. El estudio que ahora respalda los recursos ante el Supremo, mide el impacto de un sólo hectómetro cúbico de menos que deje de llegar a través del trasvase, con estos resultados: la reducción del 15,6 por ciento de la superficie de regadío, pérdidas de casi 5.700 millones de euros y la destrucción de 15.300 empleos.
Para la Región de Murcia, y según el catedrático, el incremento de cada metro cúbico por segundo de los caudales ecológicos del Tajo supondrá para el regadío pérdidas económicas de 149 millones de euros al año, y 1.815 empleos menos. En cuanto a los efectos sobre el conjunto de sectores económicos, cada subida de metro cúbico por segundo significaría la pérdida de 3.669 empleos.
También habría efectos sobre el abastecimiento, especialmente en la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Concretamente, según Melgarejo se produciría una subida de tarifa de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros por metro cúbico, como consecuencia del incremento del agua desalinizada.
La Mancomunidad de Canales del Taibilla niega cualquier validez a los cálculos de Joaquín Melgarejo y recuerda que ya en estos momentos la mayor parte del agua que se destina al abastecimiento humano proviene de desalación. Según los últimos informes publicados por Mancomunidad, el año pasado la aportación de las plantas desaladoras sumó más de 79 hectómetros cúbicos de los 202 que se destinaron a consumo, mientras que el trasvase aportó 76 y el resto, casi 47 hectómetros, procedían del río Taibilla. La tendencia se mantiene en lo que llevamos de 2023: la aportación del trasvase sigue a la baja (un 17% menos que el año pasado), mientras que la desalación gana peso (casi un 30% más).
Mancomunidad recuerda que mantiene el compromiso adquirido hace meses de no tocar las tarifas en lo que resta de año hidrológico. Añade que la escasa credibilidad del informe presentado ayer se explica con un dato: ni un sólo ayuntamiento se puso ayer en contacto con este organismo para mostrar preocupación por la supuesta subida del precio del agua.
El martes día 11 finalizaba el plazo legal para interponer recurso tras la publicación en el BOE de los nuevos volúmenes de agua que circularán por la cuenca cedente. Desde el Sindicato de regantes del Trasvase, se advierte de la dificultad para que prospere el recurso, según ha explicado Lucas Jiménez, presidente del SCRATS. No obstante, reconoce que no cabía otra opción que interponerlo y justificar las medidas cautelares para intentar paralizar el plan de cuenca del Tajo que ya empieza a generar efectos en la disponibilidad de agua para regar en el sureste español.
Además, el presidente murciano Fernando López Miras ha alertado de que de no producirse la suspensión cautelar del recorte del trasvase Tajo-Segura que ha solicitado su Ejecutivo, habrá “un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren”. Además, resaltó que esa cautelar “es necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir”, ya que el recorte “nos condena a la ruina” y “afecta a toda la sociedad, no sólo a la agricultura”.
