Debido al retraso que los paros han producido en la tramitación de los asuntos, el recurso de casación anunciado por Pedro Antonio Sánchez no ha llegado aún a la sección de la Audiencia Provincial
EFE
El recurso de casación anunciado por el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez contra la sentencia del caso Auditorio, que lo condenó a tres años de prisión y once años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público en el caso Auditorio, se encuentra paralizado por la huelga que en los últimos meses afecta a funcionarios de Justicia.
Debido al retraso que los paros han producido en la tramitación de los asuntos, el anuncio del recurso por parte de Sánchez no ha llegado aún a la sección de la Audiencia Provincial de Murcia, lo mismo que debe ocurrir con los que previsiblemente plantearán los otros dos condenados, el autor del proyecto, Martín Lejarraga, y la exsecretaria accidental del ayuntamiento de Puerto Lumbreras Caridad García.
Fuentes judiciales han dicho que, según el procedimiento establecido, una vez que el anuncio del recurso llegue a la Sala, esta lo tendrá por recibido y emplazará a la defensa del ex presidente de la Comunidad Autónoma a presentarlo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La sentencia condenatoria contra los tres acusados fue notificada en los primeros días de marzo, después de que ese trámite sufriera también un retraso por los paros que por aquellas fechas mantenían los letrados de la administración de Justicia, a los que se unen ahora los que en los últimos días realizan otros funcionarios.
La resolución de la Audiencia condenó a Sánchez por un delito de prevaricación continuada en concurso con otro de falsedad y un segundo de prevaricación, mientras que Lejarraga y García fueron condenados como cooperadores necesarios en las prevaricaciones, al tiempo que los absolvió del delito de fraude a la administración pública y al arquitecto, además, del de falsedad.
Los tres fueron condenados igualmente al pago de parte de las costas, excluidas las de la acusación popular, que ejerció el PSOE, porque, dijo la Sala, su intervención fue unida a la del fiscal, con la única excepción de la referida a la falsedad, “pero el estudio y análisis de esta no planteó una mayor complejidad o dedicación que el resto de ilícitos penales”.
Las condenas fueron impuestas por la adjudicación a dedo del proyecto de construcción del auditorio en 2006 y la aprobación de un reformado, cuando Sánchez era alcalde de la localidad murciana de Puerto Lumbreras, siendo costeadas las obras con una subvención de la Comunidad Autónoma.
