ERC y Bildu cierran un acuerdo con el Gobierno que desbloquea la Ley de Vivienda. Se introduce un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024
ERC y EH Bildu han anunciado que han llegado a un acuerdo con el Gobierno de coalición para cerrar la nueva Ley de Vivienda, que pondrá topes a los precios de los alquileres.
Después de que la ley haya estado paralizada, sobre todo, en el límite que habría que poner en la renovación anual de los contratos de alquiler, y días después de que Unidas Podemos haya registrado una proposición de Ley para que el firmante de una hipoteca pueda pasar del tipo de interés variable al tipo fijo de forma gratuita dentro de la misma entidad, ERC y Bildu han cerrado un pacto para aprobar esta norma.
Según el acuerdo alcanzado, la Ley de Vivienda introduce un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice "más estable e inferior a la evolución del IPC".
En rueda de prensa, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha celebrado este viernes un acuerdo "importante, de enorme trascendencia en lo social y político", que además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, incorpora nuevas medidas de protección frente a desahucios.
Para ERC y EH Bildu, el IPC "ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo".
Para evitar "estos aumentos descontrolados", durante 2023 se aplicará el límite del 2 % en vigor, mientras que en 2024 será del 3 % y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, "más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual".
Por otro lado, el acuerdo incorpora cambios en la definición de "gran tenedor", de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que finalmente se incluirán en la Ley.
Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles de los "fondos buitre" y demás fondos de inversión.
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra prevé que el Congreso apruebe con un calendario "urgentísimo" la Ley de Vivienda , aunque no ha facilitado fechas concretas.
Belarra ha asegurado que ha sido la negociación más difícil de sacar adelante de la legislatura y que con la nueva norma ganan los ciudadanos.
La ministra Raquel Sánchez, de la que dependen las competencias en Vivienda, se ha mostrado satisfecha por la nueva ley, que da garantías a inquilinos y propietarios, y era una asignatura pendiente.
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, una "demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos", según ha destacado la diputada de Esquerra, Pilar Vallugera..
También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.
Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.
El acuerdo conocido hoy también contempla medidas de protección a los inquilinos; así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.
Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.
Del mismo modo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha criticado que la política de vivienda "la marcan los partidos que no quieren formar parte de "España" y ha advertido de que la nueva ley conllevará una reducción de la oferta y, en consecuencia, una subida de los precios de los alquileres.
Tampoco le gusta la nueva ley de Vivienda a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, quien ha insistido en que el problema de la vivienda no se soluciona con "recetas de pancartas" y medidas "intervencionistas comunistas" que ya se han demostrado ineficaces en otras ciudades, como Barcelona, según sus palabras. Arrimadas aboga por incrementar el número de viviendas asequibles y mejores salarios, entre otras medidas.
El Sindicato de Inquilinos de Cataluña denuncia que la regulación acordada va a ser ineficaz y está llena de agujeros.
El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, espera que la futura Ley de Vivienda no invada el derecho a la propiedad privada. Ha reconocido que desconocía el contenido del acuerdo alcanzado por los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda, y ha preferido esperar a estudiarlo para opinar. "Lo que sí nos preocupa, habrá que verlo, es que hay un derecho muy importante, que es el derecho a la propiedad, que esperemos que no sea invadido", ha comentado el presidente de los empresarios.
