Los letrados se han entrevistado este lunes con el consejero de presidencia, Marcos Ortuño, que habla de "caos" y exige al Ministerio que "atienda sus demandas y necesidades"
La huelga de los letrados de Justicia entra ya en su tercera semana, con un seguimiento mayoritario en la Región, y ha provocado la suspensión de 4.366 juicios, vistas y otras diligencias en los juzgados y tribunales de la Región.
En concreto, del 30 de enero al 3 de febrero no se pudieron celebrarse 952 de las vistas y juicios señalados y dejaron de practicarse 1.332 declaraciones y 19 diligencias fuera de la sede, según los datos recabados por la Coordinación Provincial de la Secretaría de Gobierno y que figuran en el informe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) remitido esta mañana a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El informe también recoge la incidencia del paro de estos funcionarios por jurisdicciones. Así, en la jurisdicción civil y mercantil se suspendieron un total de 320 juicios, en la penal 232, 67 en el orden social y 147 en contencioso administrativo. Además, dejaron de practicarse 169 vistas y 243 diligencias en los registros civiles.
Hoy los letrados de justicia se han entrevistado con el consejero de presidencia, Marcos Ortuño, para recabar su apoyo. Ortuño exige al Ejecutivo central que aborde de una vez este conflicto laboral que está provocando un "caos tremendo en la justicia".
La delegada territorial de la Unión Progresista de letrados de la justicia, Mar Garcerán, asegura que el seguimiento de la huelga es muy alto en la Región.
De momento, no ha habido ningún acercamiento con el ministerio para tratar de negociar con los letrados de la Administración de Justicia, según Mar Garcerán.
Los jueces toman las decisiones pero los letrados de la administración de Justicia son los que tienen la llave de la mayoría de los procesos que se sustancian por pequeños juzgados de instrucción hasta el Tribunal Superior de Justicia. Solo las causas con preso y de violencia de género se consideran urgentes y todo lo demás está completamente paralizado. Esto también afecta a algunos de los que tienen eco constante en los medios de comunicación.
Por ejemplo el llamado 'caso Auditorio' por el que fue encausado el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa de alcalde de la localidad. El asunto solo está pendiente de sentencia. Incluso podría estar ya redactada pero no se puede comunicar. Mar Garcerán es una de las letradas en huelga.
El atasco puede afectar a otros juicios ya convocados y con gran repercusión mediática. En este capítulo puede citarse 'Novo Carthago', de presunta corrupción urbanística. Está fijado su inicio para el 27 de este mes aunque podría sufrir retrasos. En el mismo está encausado el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá y el que fuera responsable de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana. Los hechos que van a ser juzgados se remontan al año 2005.
Más reciente es la causa por el Mar Menor. Dividido es dos piezas, el 'caso Topillo' trata de establecer las causas y responsabilidades por la contaminación de las aguas de la laguna. Nuevamente Antonio Cerdá aparece como encausado junto al excomisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer. La segunda de las piezas afecta a empresas agrícolas de la zona. La convocatoria de los juicios se retrasará. No se está llevando a cabo ninguno de los trámites previos que son necesarios.
En dos piezas se dividió también el 'caso la Sal' por presuntas irregularidades en la construcción de la desaladora de Escombreras. La jueza instructora señaló el camino del banquillo para el expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, aunque está pendiente de los escritos de las acusaciones y la defensa para elevarlo a "procedimiento abreviado". El posible quebranto a las arcas públicas por la construcción de la instalación es objeto también de una primera investigación en la que hay varios procesados pendientes de juicio. Uno de ellos es, de nuevo, el exconsejero Antonio Cerdá.
