Gobierno regional, patronal y sindicatos dejan prácticamente lista para firmar la nueva estrategia hasta el año 2027 a falta de conocer la aportación económica de la Comunidad
Gobierno regional, patronal y sindicatos han dejado este viernes prácticamente lista para la firma la nueva estrategia en materia de seguridad y salud laboral que orientará las actuaciones en esta materia hasta el año 2027. El cierre de la negociación está sólo a expensas de conocer cuánto dinero aportará la Comunidad Autónoma a este programa, cuya aplicación va a exigir un importante aumento en la dotación de personal del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
El principio de acuerdo se ha alcanzado en la reunión que ha mantenido el Consejo Asesor de Seguridad Laboral, del que forman parte la administración regional, la patronal CROEM y los sindicatos UGT y CCOO. El responsable de Salud Laboral de esta última organización, Juan Blázquez, ha confirmado a ONDA REGIONAL que todo está cerrado con la intención de que la firma se produzca antes de final de año. Sólo falta que se confirme la aportación económica que el ejecutivo murciano va a hacer para cumplir los objetivos marcados.
En este sentido, dice Blázquez, el compromiso del representante de la administración regional es que la estrategia contará con los fondos necesarios, aunque los sindicatos quieren esperar a conocer el detalle de esa partida presupuestaria.
El dinero es muy importante, porque deberá financiar una de las grandes novedades que introduce esta estrategia: la formación y la vigilancia de las medidas de seguridad en las microempresas de la región, las que tienen tan pocos trabajadores que carecen de delegados sindicales. UGT y CCOO querían llegar a ellas con una figura específica, un delegado territorial, que ya existe en al menos tres comunidades autónomas españolas. Pero, ante el rechazo de la patronal, la solución alcanzada es que el trabajo recaiga en los técnicos e inspectores del Instituto de Salud Laboral. Ahora, explicaba Blázquez, hará falta más inversión pública para reforzar una plantilla "muy escasa".
Tampoco han encontrado los sindicatos una solución para resolver otro de los asuntos que más quebraderos de cabeza han dado en los últimos meses, el de los accidentes en los que se ven envueltos furgonetas que trasladan a jornaleros del campo. No es fácil, reconoce Blázquez, porque la Inspección de Trabajo no tiene competencias para actuar en esos casos. La solución exigiría probablemente una reforma legal.
