El decano del Colegio de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, dice que muchos despachos han prescindido de colaboradores y trabajadores, y pide sensibilidad a los funcionarios que están en huelga
La justicia se encuentra en la Región de Murcia en estado "calamitoso" a juicio del colegio de abogados de Murcia. Su decano, Francisco Martínez Escribano, dice que el ejercicio de un derecho constitucional, el de huelga, no puede anular otro como el que tiene todo ciudadano a la tutela judicial efectiva.
Martínez Escribano no duda en la legitimidad de las reivindicaciones de los secretarios judiciales primero, los jueces y fiscales después o los funcionarios ahora en huelga, pero, en su opinión, lo que no se puede es "hacer tambalear uno de los pilares de la democracia".
Entienden los abogados que buena parte del desbarajuste es responsabilidad del Ministerio de Justicia, el único que no sabía quien iba a entrar por "la puerta que estaban abriendo".
Solo en el último mes se han suspendido entre 4.200 y 4.500 actuaciones y la situación de los abogados "es insostenible", puesto que muchos de ellos, los que trabajan con casos jurídicos y no con procedimientos, pactos o igualas, "llevan seis meses de inactividad profesional y, por tanto, sin percibir ingresos". Algunos despachos han prescindido de colaboradores y trabajadores y hay ciudadanos pendientes de resoluciones judiciales de mucha trascendencia. De la misma forma que cuestiona la actuación del Ministerio, Francisco Martínez Escribano les pide sensibilidad a los convocantes.
Además, el representante de los abogados murcianos ha pedido que el Ministerio de Justicia informe sobre el control de la huelga de funcionarios, y verifique que los huelguistas no están acudiendo a su puesto de trabajo y cobrando su salario completo, ya que según él, "el derecho a la huelga implica unas obligaciones legales como la no asistencia laboral y la reducción retributiva cuyo cumplimiento se desconoce".
Otra de las peticiones de los letrados de la Región es que se avise con al menos 24 horas de antelación a cada una de las partes de un litigio en el caso de que este se vaya a suspender, así como que se eliminen todas las restricciones de la pandemia y se permita el acceso a los abogados a las oficinas de los juzgados para poder realizar su trabajo.
Por ello, Martínez-Escribano ha emplazado a "una reunión urgente" al Ministerio de Justicia y a los funcionarios, en la que también participen los abogados, para poner fin de inmediato a la huelga, y ha anunciado que de no ser así, convocarán movilizaciones para final de este mes.
