El juicio comienza este jueves en la Audiencia Provincial. La fiscalía pide la misma pena para el otro acusado, Andrés Martínez, que fue director general de Agua
Doce años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público es la petición de la fiscalía a la exconsejera de Agricultura, Adela Martínez Cachá, por presunto delito de prevaricación administrativa.
El juicio, que se inicia hoy y culminará el viernes, trata de esclarecer la construcción de una tubería en el paraje protegido de El Carmolí sin el preceptivo informe de impacto ambiental.
El ministerio público pide la misma pena para un segundo imputado, Andrés Martínez Francés, que fue director general del Agua.
Según la fiscalía, esa tubería debía evitar los vertidos al Mar Menor al derivar las aguas desde la Rambla de El Albujón hacia la desalobradora de la comunidad de regantes Arco Sur Mar Menor, en Cabo de Palos, para luego acabar en el Mar Mediterráneo. Las obras se calificaron de emergencia para evitar el estudio ambiental y, así, ofrecer la imagen ante la ciudadanía de que se luchaba eficazmente contra el problema de los vertidos a la laguna salada.
El proyecto no llegó a funcionar, debido a que la Confederación Hidrográfica del Segura no autorizó a la comunidad de regantes el uso del agua que iba a circular por la tubería. Además, la Confederación la multó con 3.000 euros porque las obras, ejecutadas en dominio público hidráulico, no tenían tampoco autorización.
La acusación particular que ejerce ecologistas en acción también pide penas de inhablitación, en este caso de diez años para los dos acusados.
