El caso de Murcia es especialmente grave, explica la portavoz de la Plataforma, dado que la mayoría de abortos se derivan a clínicas privadas con el argumento de que sus médicos son objetores de conciencia
La Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública prepara una segunda denuncia ante la Fiscalía contra el Servicio Murciano de Salud por irregularidades en el cumplimiento de la nueva ley del aborto. El concierto firmado con clínicas privadas por importe de 8 millones de euros plantea a las mujeres someterse a dos operaciones para interrumpir el embarazo por causas médicas.
La plataforma señala que el llamamiento de la ministra a cumplir la nueva ley de Salud Sexual y Reproductiva es un reconocimiento de que muchas comunidades autónomas no la cumplen. El caso de Murcia es especialmente grave, explica su portavoz, dado que la mayoría de abortos se derivan a clínicas privadas con el argumento de que sus médicos son objetores de conciencia. La plataforma recuerda sin embargo que solo una minoría de ginecólogos se han inscrito en el registro murciano de objetores y la ley obliga no obstante a habilitar este servicio con otros facultativos.
La plataforma de mujeres expulsadas de la sanidad pública considera que no son los profesionales, sino el propio Servicio Murciano de Salud, el que ejerce la objeción de conciencia como institución, algo totalmente fuera de la ley. De hecho, el comité médico incluye entre sus tres miembros un objetor que es además máximo responsable del servicio de la Arrixaca donde se centralizan las interrupciones voluntarias del embarazo.
Otra presunta irregularidad se refiere a los abortos por causas especiales, con peligro para la vida de la madre y la viabilidad del feto: se plantea a las mujeres la posibilidad de pasar en este trance por dos operaciones: una primera para interrumpir el latido del feto en un hospital privado y una segunda intervención en un hospital público.
