La presidenta de la Autoridad Portuaria no dimite, asegura que no tiene notificación oficial de la investigación judicial y que colaborará para despejar toda duda
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, no se plantea dimitir tras la querella de la Fiscalía por corrupción y anuncia el encargo de dos auditorías para esclarecer los contratos supuestamente irregulares que investiga la Justicia. Muñoz arremete contra el comité de empresa y los sindicatos por denunciar estas prácticas ante el Ministerio Público.
Yolanda Muñoz no ve motivos para dimitir por responsabilidad política, dice que aún no ha recibido notificación oficial de ningún juzgado ni de la Fiscalía y asegura no recordar qué dice el código ético del PP para casos como el suyo.
La presidenta del puerto de Cartagena comparecía hoy ante los medios de comunicación al término del Consejo de Administración del puerto para anunciar que ha encargado una auditoría interna sobre los contratos supuestamente amañados que aparecen en la querella de la Fiscalía. También encargará otra auditoría a una empresa independiente.
La presidenta de la Autoridad Portuaria se muestra dolida por la situación. Afirma que ha hablado con el presidente regional y que éste le ha pedido máxima transparencia.
La responsable del puerto de Cartagena ve en la querella de la Fiscalía una estrategia premeditada del comité de empresa y de los sindicatos. Algunos de los contratos supuestamente irregulares de los que habla la Fiscalía fueron denunciados hace más de un año por las organizaciones sindicales.
Las explicaciones de la presidenta ante los miembros del Consejo de Administración no han contentando a los sindicatos. Lejos de ello, a su término, el delegado de CC OO y miembro del comité de empresa, Diego Zaplana, acusaba a su vez a Yolanda Muñoz de mentir y de haberles negado la palabra.
Prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y coacciones son los ilícitos penales señalados en la denuncia de la fiscalía contra la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla, así como contra otros altos cargos de la institución.
Son varios los hechos referidos en la denuncia basada en una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, a la que ha tenido acceso Onda Regional. Entre ellos se cita la modificación de informes para favorecer a determinadas empresas en contrataciones tanto de suministros como de servicios.
También supuestas coacciones para modificar informes sobre bajas temerarias o de pliegos de condiciones con la colaboración de una consultora que resultó beneficiaria de algunos de esos contratos. El de mayor importe (la gran mayoría eran contratos menores) alcanzaba el millón de euros si bien la adjudicación del servicio se produjo por importe de algo más de 700.000.
La denuncia de fiscalía identifica cuatro hechos presuntamente delictivos en los que aparece involucrada la presidenta de la Autoridad Portuaria, que podría ser responsable de cuatro delitos de prevaricación, dos de tráfico de influencias y uno de falsedad en documento público.
En concreto, la fiscalía solicita que se investigue si Yolanda Muñoz coaccionó a un técnico para que cambiara su informe negativo a la adjudicación del servicio de vigilancia a la empresa Salzillo, que habría quedado excluida del proceso por presentar una baja temeraria del 46% del valor de licitación.
Se la acusa además de modificar las bases de un concurso para favorecer a una empresa propiedad de una amiga personal y compañera suya en el Máster para Directivos; de autorizar un expediente de contratación falso para justificar el encargo a dedo a una mercantil para asumir la programación de la semana cultural 'Vive Tu Puerto' y de postergar arbitrariamente a la número uno de la bolsa de trabajo porque era hija de un miembro del Comité de Empresa. La joven aspiraba a un puesto de Policía Portuario y la denuncia aporta una grabación en la que se escucha a la presidenta de la Autoridad Portuaria decir "sobre los contratos de la Policía, la instrucción mía la tenéis clara también para la hija de (integrante del comité de empresa, al que no vamos a identificar)...O cambia de actitud o no tengo porque tenerla, tengo a otro. Es que no quiero, tiene que venir aquí a pedirlo de rodillas".
En la denuncia que firma el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano se incluye diversa documentación, correos electrónicos y algunas grabaciones realizados por personas que participaban en las conversaciones.
La presidenta del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria, Isabel Rosique, ha negado persecución alguna ni estrategia contra la presidenta del puerto. Rosique aclara que pusieron en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que consideraban delictivos, pero no denunciaron a la propia Yolanda Muñoz.
La presidenta del comité ha explicado a Onda Regional que el comité de empresa denunció unos hechos concretos relacionados con la utilización de información privada para contrataciones y en la investigación desarrollada por la Policía Nacional, la Fiscalía ha encontrado documentación de otros presuntos delitos.
Rosique insiste en que no hay ninguna trama contra la presidenta del puerto, y ante las acusaciones de la propia Yolanda Muñoz dice que la jurisdicción competente para este tipo de casos es la penal y no un juzgado de lo contencioso administrativo
