El alcalde de Lorca califica de “canallada” la decisión de la Delegación del Gobierno de soltar en las calles a unos 40 inmigrantes procedentes del CATE de Cartagena
Desde el PP califican la liberación de inmigrantes llegados en los últimos días a la Región por las calles de Murcia, Cartagena y Lorca como un auténtico caos. El senador Francisco Bernabé ha exigido hoy a la delegación del Gobierno más recursos policiales y ha anunciado la petición de comparecencia urgente en el Congreso y el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En opinión de Bernabé, con el PSOE en Moncloa, la Región se está convirtiendo en una autopista para la libre circulación de la inmigración ilegal, generando un 'efecto llamada' de proporciones incalculables.
Bernabé ha comparecido con otros diputados y senadores populares, así como concejales de los ayuntamiento de Murcia, Cartagena y Lorca. El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento murciano, Fulgencio Perona, lamenta que esta puesta en libertad por las calles de la ciudad se ha hecho sin informar al consistorio y pide lealtad institucional.
Perona ha remitido una carta al delegado del Gobierno para que precisen el número exacto de personas traídas hasta Murcia desde el CATE de Cartagena, así como su procedencia, paradero y controles sanitarios que se les han realizado. Es lo que se dice en un comunicado remitido a los medios de comunicación que también incluye el requerimiento a todas las administraciones competentes en materia de control de fronteras para que aporten toda la información de la que dispongan sobre este caso para poder articular los mecanismos municipales pertinentes.
El Consistorio murciano también ha demandado conocer las condiciones exactas en las que se produjo el traslado de estos ciudadanos y la identidad del organismo que dictó la orden para llevar a Murcia a parte de las personas que alcanzaron la costa de Cartagena. Añade finalmente que "no podemos quebrantar la lealtad institucional entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la séptima ciudad de España".
Más duro ha sido el alcalde de Lorca Fulgencio Gil, que ha calificado de “canallada” la decisión de la Delegación del Gobierno de soltar en las calles de Lorca a unos 40 inmigrantes procedentes del CATE de Cartagena. El consistorio lorquino esta estudiando una posible respuesta judicial a esta decisión.
Gil ha dicho que se ha enterado por la prensa de la actuación de la Policía Nacional, a petición de la Delegación del Gobierno, de dejar en las calles de la ciudad, en la madrugada del pasado sábado al domingo, a unos 40 inmigrantes procedentes del Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Cartagena. Gil ha calificado esta acción de “canallada”, ya que estas personas han llegado sin alojamiento, sin comida y sin trabajo.
El regidor lorquino ha añadido que “los inmigrantes están durmiendo a la intemperie abandonados a su suerte, en una ciudad que ya no puede soportar más presión migratoria”. En su comparecencia ha acusado al Ejecutivo central de aplicar “el modelo Lampedusa”, lo ha considerado “una violación de los derechos de los seres humanos” y ha pedido “responsabilidades” a la Delegación del Gobierno en Murcia.
El alcalde de Lorca no ha descartado que los municipios afectados articulen alguna medida a través de la Federación de Municipios y ha anunciado que van a utilizar los medios legales a su alcance, para que esta situación no se repita.
El concejal Hacienda, Educación, Cultura y Portavocía del Ayuntamiento de Cartagena Nacho Jaúdenes, ha asegurado que "esto no es un problema que afecte solo a Cartagena o a las Islas Canarias" sino que "alcanza el nivel nacional e incluso internacional".
Por eso, ha señalado que es el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia el que tiene que "dar respuesta a esta situación y la que tiene que tomar las medidas para paliar esta compleja situación", y que "estamos hablando de personas y no solo de cifras y de números"
Desde el Ayuntamiento de Cartagena han exigido a la Delegación del Gobierno que dote de más medios, tanto materiales como humanos, a la Policía Nacional, "que son los que están en primera línea y los que se están jugando el tipo".
Por su parte, VOX ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno por permitir la salida de los inmigrantes del CATE. Los de Abascal quieren escuchar sus explicaciones en la Asamblea Regional
El grupo parlamentario ha registrado una petición de comparencia para Francisco Jiménez por dar la orden de liberar a los extranjeros ilegales y por el impacto que esta decisión tendrá en la inseguridad, según ha explicado Rubén Martínez Alpañez, portavoz de Vox, quien ha advertido que "no se sueltan ilegales por la calle si alguien no da la orden. Está claro que alguien ha dado la orden a las Fuerzas y Cuerpos del Estado para que saquen los ilegales a las calles, como pasó con la ley del Sí es Sí".
A su juicio, "por decencia política" el delegado del Gobierno debería comparecer en el parlamento regional. En ese sentido, considera que en las explicaciones que ofrezca el delegado del Gobierno debería hacerse alusión también a qué impacto tendrá la suelta de los migrantes por Murcia, Lorca y Cartagena en las familias.
Desde Vox siguen vinculando a los ilegales con causas yihadistas en otras zonas de España. El portavoz del grupo insiste en que la mayoría de pateristas huyen de la justicia de su país. "Luego vemos a gente con machetes por las calles, nuestras cifras de delincuencia se están incrementando geométricamente, los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, con inmigrantes se multiplican por más de 100", según Martínez.
