López Miras critica que, con esta norma, la carga de mantener las políticas sociales, que corresponde al Estado, "pasa a todos los ciudadanos, a los propietarios"
El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, , ha asegurado este martes que la comunidad autónoma no aplicará la nueva ley de Vivienda en todos aquellos aspectos que dependan de la regulación y desarrollo regional y la ha tildado de "chapuza" que “ataca la propiedad privada”. Dice que uno de sus efectos es que la carga de mantener las políticas sociales, que corresponde al Estado, pasa a todos los ciudadanos, a los propietarios.
López Miras, que ha hecho estas declaraciones en 'El Programa de Ana Rosa', de Tele 5, ha señalado que "simplemente con la justificación por parte de una persona de que tiene una necesidad social va a poder ocupar la propiedad privada de otra persona".
Para López Miras, la norma nació ya "como un fiasco", y señala que una ley de la Vivienda que es tan importante para el país requiere como mínimo de la participación de las Comunidades Autónomas. “Es una ley que nace muy mal y terminará muy mal”, ha afirmado.
Con respecto al agua, Miras ha defendido que en España hay “suficiente para todos”, por lo que ha reivindicado la necesidad de “sentar a todas las comunidades autónomas en la misma mesa” para hacer un balance de las reservas hídricas disponibles y una distribución de eso recursos, tal y como se planteó en los años 90 con el Plan Hidrológico Nacional y como están haciendo otros países como Estados Unidos o Chile.
Además, ha defendido la gestión que la Región de Murcia hace del agua, ya que, tras tres décadas de inversiones, ha dicho, cultivar una hectárea consume la mitad de agua que en el resto de España por la modernización y tecnificación de regadíos.
En cuanto a la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas, llega al 99 por ciento del total, frente al 4 por ciento de Europa, el 9 por ciento de España o el 85 por ciento de Israel, país pionero en esa materia.
Se ha referido también a la contaminación en el Mar Menor y ha asegurado que en la actualidad, y tras la aprobación de la ley regional de protección de la laguna salada, no llega a ella “ningún vertido procedente de ninguna actividad económica o social”.
Sin embargo, sí se están produciendo por el elevado nivel freático del acuífero que atraviesa el campo de Cartagena y que ha convertido la rambla del Albujón, que desemboca en la laguna, en “el segundo río más caudaloso” de la comunidad autónoma.
Por ello, ha insistido en que es necesario descargar ese acuífero, lo que es competencia del Estado, al que ha recriminado que desviase 55 millones procedentes de la Unión Europea para ese fin a obras en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Las soluciones basadas en la naturaleza que propone el Ministerio para la Transición Ecológica para descargar el acuífero, ha lamentado, no conseguirán ese objetivo hasta al menos dentro de una década.
Ha denunciado también la falta de voluntad política del Estado para potenciar el AVE, que ha calificado como “un gran fracaso”, tanto por la tardanza en ponerlo en marcha como por sus características, con solo cuatro conexiones diarias con Madrid, precios muy elevados, de hasta 150 euros, ha dicho, y tiempo de viaje excesivo, con 3:30 horas para cubrir 400 kilómetros.
Ese panorama, ha lamentado, contrasta con la realidad de Alicante, “a solo 40 minutos en coche” de Murcia, y donde el AVE presta 17 servicios diarios con Madrid, con billetes a partir de 9 euros y un tiempo de viaje de 2 horas.
De cara a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, ha reiterado la intención de su partido de obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario y poder ofrecer “un gobierno estable”.
Si, como apuntan las encuestas, el PP obtiene más escaños que todo el bloque de la izquierda, “el PP estaría legitimado para formar gobierno en solitario” y habría que preguntar a Vox “si está dispuesto a bloquear la investidura votando en contra con PSOE y Podemos”, ha zanjado.
