Los LAJ y el Ministerio de Justicia han firmado este martes el acuerdo y ponen fin a la huelga indefinida
ISABEL GONZÁLEZ/ PACO MARTÍNEZ
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) lleva semanas preparando medidas para paliar las consecuencias de la huelga de la Administración de Justicia. Las más inmediatas: dosificar las notificaciones para no colapsar organismos y colegios profesionales y liberar los pagos pendientes. El presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme, no cree que la indignación que ha causado el acuerdo de los letrados entre el resto de los trabajadores tenga un carácter generalizado.
Las actuaciones se plantean en el corto y medio plazo. Para evitar una avalancha de notificaciones acumuladas durante los dos meses del paro, se ha diseñado un proceso de notificación para que no corran plazos, según ha explicado a Onda Regional Del Riquelme
Se van a liberar también de inmediato muchos de los pagos pendientes y que afectan a procesos de lo social o mercantil fundamentalmente. De cara a los próximos días, "en los que se va a pasar de cero a cien", se tratará de garantizar que se celebre todo lo fijado o se suspenda con suficiente anticipación.
Más problemas habrá para revisar y reasignar los más de 7.000 juicios suspendidos. En los órganos no especialmente saturados resultará menos complicado pero en otros habrá que establecer algún tipo de refuerzo, reconoce Del Riquelme.
El presidente del TSJ no quería valorar el anuncio de posibles movilizaciones de otros trabajadores de la administración de justicia, -son 6.000 en toda la Región- por desacuerdo con las mejoras obtenidas por los letrados. Dice que no aprecia indignación aunque respeta las "legítimas aspiraciones de todo el mundo".
Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio que dirige Pilar Llop han firmado este martes un acuerdo --que incluye una subida de hasta 450 euros brutos al mes-- para poner fin a la huelga que mantenía el cuerpo de funcionarios desde el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo asumida en los últimos años.
"Hemos firmado y, por tanto, ha concluido la huelga de letrados", ha señalado en declaraciones a la prensa Juan José Yáñez, miembro del equipo negociador de los LAJ, al tiempo que ha asegurado que tras la firma de este martes "todos" tienen una "sensación agridulce" porque para llegar a este acuerdo "ambas partes" han tenido que "renunciar a aspectos importantes".
Yáñez ha agradecido la "intervención destacada" del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del secretario general de Justicia, Manuel Olmedo, para "desencallar el asunto". "También quiero aprovechar para para agradecer, muy especialmente, a todos los compañeros letradas y letrados de la Administración de Justicia, que se han movilizado desde el primer momento en todo el territorio nacional de una punta a otra, y sin cuya participación masiva no habría sido posible alcanzar ningún tipo de acuerdo", ha añadido.
Así, tras casi dos horas de reunión, el comité de huelga ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio después de que ayer los LAJ votaran en sus asambleas provinciales a favor de firmar el acuerdo, que contempla una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una que se pagará en julio de 2023 con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra en enero de 2024 y una última en julio de 2024.
El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano, confía en que el plan de choque que prepara el Tribunal Superior de Justicia sea acordado con los profesionales que están sufriendo desde el primer momento las consecuencias de la huelga de letrados. Ese plan, dice, necesitará de una mayor dotación de personal en la Administración de Justicia, aunque -en su opinión, ni eso bastará para recuperar la normalidad hasta dentro de más de un año.
Martínez Escribano reconoce que, al menos en este sentido, no es optimista: hay quien espera desatascar los juzgados en diez o doce meses. Su experiencia profesional le lleva a pensar que hará falta bastante más tiempo.
De momento, lo más urgente es que el Tribunal Superior de Justicia escalone la notificación de los asuntos que se han quedado bloqueados durante estos dos meses. Si todos los trámites llegan ahora en cascada, se puede poner en peligro la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados, porque será imposible que los abogados puedan resolver todos los procedimientos dentro de los plazos establecidos.
Dice Martínez Escribano que se ha pasado bastante de puntillas sobre las consecuencias que esta huelga ha tenido para muchos despachos de abogados. Le consta que algunos han tenido que pedir ayuda económica para salvar la situación porque mientras las actuaciones judiciales han estado suspendidas no tenían nada que facturarles a sus clientes.
El decano del Colegio de Abogados de Murcia deja una última reflexión. Aunque él no comparte los motivos de esta huelga, reconoce el derecho de los letrados a secundarla. Lo que no acaba de entender es que el Ministerio de Justicia haya permitido que un colectivo de apenas 4.000 profesionales haya provocado el caos en el sistema judicial. Ese es, dice Martínez Escribano, un bien muy importante que el Estado debía haber protegido de manera mucho más eficaz.
