El abogado de algunas familias de los fallecidos en el incendio de Atalayas, Pedro López Graña, cuenta cómo está la situación un mes después de la tragedia
Este miércoles se cumplió un mes del incendio que arrasó dos discotecas de Atalayas dejando tras de sí trece víctimas mortales. Hemos hablado con uno de los abogados que representan a las familias de parte de los fallecidos, Pedro López Graña, que reconoce tener la sensación de que, pasado el primer momento, la respuesta de las administraciones empieza a ser cada vez más lenta y menos intensa. López Graña considera "poco razonable" que el Ayuntamiento de Murcia ni siquiera haya contestado a la petición que le trasladaron solicitando toda la documentación relacionada con los locales siniestrados. Se queja también de que la juez siga manteniendo el secreto de sumario, porque impide a las víctimas y a sus letrados tener acceso a los resultados de una investigación que, a estas alturas, debe haber aclarado ya dónde comenzó el fuego y por qué se extendió de esa forma.
López Graña representa a una decena de familiares de dos de los fallecidos en el incendio. En cuanto asumió el caso, se dirigió al Ayuntamiento de Murcia para reclamarle toda la documentación de las discotecas, tanto sus licencias como las órdenes de cierre que pudieran pesar sobre ellas. Eso fue hace casi un mes, el cuatro de octubre; a fecha de hoy, el Ayuntamiento no sólo no les ha remitido esa información sino que ni tan siquiera se ha tomado la molestia de responderles. Dice que es una actitud "poco razonable" que, además, sólo sirve para alimentar sospechas.
No es el único obstáculo que están encontrando. La decisión de la juez que instruye las investigaciones de mantener el secreto de sumario impide a los representantes legales de los familiares acceder a datos básicos que la policía científica y los bomberos tienen que haber podido aclarar ya. López Graña no ve razones para que esa información no pueda ser hecha pública, porque está convencido de que los técnicos han debido identificar en cuál de las dos discotecas se inició el fuego.
Queda por resolver otra cuestión acuciante. Es cierto, nos cuenta, que las administraciones fueron relativamente diligentes a la hora de resolver asuntos como el sepelio de las víctimas. Atendieron también las peticiones de cremación de los restos que hicieron algunas familias, o las de repatriación de los cadáveres que les trasladaron otras. Pero no están siendo tan sensibles a la hora de solucionar situaciones personales que son especialmente graves. Cita un caso concreto: el de una adolescente de 16 años, que perdió a su padre en el incendio y que vive en Ecuador, donde su madre también falleció hace unos meses. Reclama poder venir a España a reunirse con sus hermanos, pero los trámites no acaban de resolverse.
López Graña reclama que en este caso y en otros parecidos (de hijos de víctimas que esperan para poder viajar a España a reunirse con sus familias) se adopten medidas excepcionales y no se siga el trámite ordinario, porque la situación lo justifica plenamente. Lamentablemente, nos dice, parece que pasado el interés de los primeros días, la respuesta ante esas emergencias se aborda con más lentitud de la deseable.
