El vocal de CCOO, José Luis Sánchez Fagúndez, muestra su indignación por la forma en que hoy se ha vuelto a bloquear en la Asamblea Regional el proceso para elegir a un presidente del Consejo de la Transparencia
El vocal de CCOO en el Consejo de la Transparencia, José Luis Sánchez Fagúndez, asegura que lo que ha ocurrido esta mañana en la Asamblea Regional es la demostración de que al Partido Popular y a los diputados tránsfugas "les importa un pito" la transparencia y los ciudadanos y solo van "a su apaño". Sánchez Fagúndez asegura que la situación del Consejo de la Transparencia de Murcia ha motivado ya la intervención del Defensor del Pueblo y revela que el juzgado de instrucción número 5 de Murcia ha admitido a trámite la denuncia por prevaricación que varios vocales presentaron contra los presidentes del Gobierno regional y del parlamento autonómico por la irregular designación de Juana Pérez como presidenta interina de este organismo.
Fagúndez no oculta su indignación por la forma en que hoy se ha vuelto a bloquear en la Asamblea Regional el proceso para elegir a un presidente del Consejo de la Transparencia que ocupe el cargo que dejó vacante en verano la dimisión de Julián Pérez Templado. Recuerda que es la segunda vez que el PP y sus socios de gobierno impiden la renovación del cargo en el parlamento y cree que en ambas ocasiones estos diputados han puesto sus intereses partidistas por encima del deber y la responsabilidad con que deberían comportarse.
El representante de CCOO dice tener constancia de que el Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones sobre la situación en que se encuentra el Consejo de la Transparencia, aunque también está seguro de que la presidenta interina, Juana Pérez, tratará de echar balones fuera.
Lo que ya está en marcha es la vía judicial, el juzgado de instrucción número 5 de Murcia ha abierto diligencias previas en relación con la denuncia que varios vocales del Consejo presentaron por la elección -a su juicio, irregular- de la presidenta interina de ese organismo. Los denunciantes observan un delito de prevaricación en el comportamiento del presidente del Gobierno, Fernando López Miras; del de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y de todos los vocales del Consejo que respaldaron el nombramiento de Juana Pérez. Sánchez Fagúndez, que es uno de los denunciantes, confía en que la justicia les de la razón, aunque asume que el procedimiento va para largo.
