Durante el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, las organizaciones agrarias han reclamado la publicación de todos los estudios que se están realizando sobre la cadena de valor de determinados alimentos
Pues hay coincidencia en que resultan "poco acertadas". Las organizaciones agrarias creen que el Gobierno central yerra el tiro cuando acaba metiendo en el mismo saco a productores y distribuidores. Es cierto, nos dicen, que algunos de los costes de producción se han moderado (fundamentalmente los energéticos, tanto electricidad como combustibles); pero otros, como los plásticos o los fertilizantes, siguen estando muy altos. Y también es verdad que algunos productos que en estos momentos escasean en los mercados han subido de precio. Pero tratar de equiparar una situación puntual que beneficia a algunos productores, con la estrategia de precios de las grandes distribuidoras es "faltar a la verdad", según indica José Miguel Marín, presidente de COAG en Murcia.
De la misma opinión es el responsable de Agricultura en UPA Murcia, Antonio Moreno. Es evidente, dice, que no son los agricultores y los ganaderos quienes se están quedando con los beneficios que genera la subida de precios de venta al público. Es más: en cuanto los costes se reducen, aumentan las presiones de las distribuidoras para que vendan más barato. Ahí, dice Moreno, es donde hay que mirar: a "los buitres", así los define, de la grandes cadenas comerciales.
Precisamente hoy se ha vuelto a reunir el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que reúne al gobierno con el sector primario, la distribución, la industria y los consumidores. En ese foro, las organizaciones agrarias han reclamado la publicación de todos los estudios que se están realizando sobre la cadena de valor de determinados alimentos. Es la única manera de que todos sepamos dónde están los mayores márgenes de beneficio, según indica José Miguel Marín.
También han pedido al Ministerio que acelere el desarrollo de todas las herramientas previstas por la Ley de la Cadena Alimentaria, y que presione a las Comunidades Autónomas para que hagan su parte del trabajo. A juicio del representante de UPA, la de Murcia está "dejándose llevar" y no acaba de concretar la puesta en marcha del Observatorio Regional de Precios. Sugiere Antonio Moreno que el gobierno regional ha cedido a las presiones de las grandes empresas para retrasar en lo posible el desarrollo de una ley que puede ponerles en evidencia.
