Hay tres investigados por la Guardia Civil que captaban y desalobraban ilegalmente agua, la utilizaban para regar campos de secano y vertían el rechazo a una balsa no impermeabilizada
Tres personas están siendo investigadas en Mazarrón por la captación de agua subterránea ilegalmente, vertiendo el rechazo del riego de sus cultivos de secano a una balsa no impermeabilizada, informa la Guardia Civil.
La operación "Saladilla", en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, se inició en abril de 2021 cuando la Confederación Hidrográfica del Segura puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia una desalobradora en funcionamiento y sin autorización ubicada en el paraje El Saladillo.
Guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza recabaron todos los indicios y localizaron una nave almacén donde se encontraría la desalobradora y los pozos ilegales de donde se extraía el agua.
El propietario de la planta desalobradora ilegal utilizaba el agua para sus propios cultivos y, además, la vendía a terceras personas para el riego de otras explotaciones agrícolas ubicadas en terrenos de secano.
Se trataba de un vertido del agua de rechazo, con alto contenido en sal, a una balsa sin impermeabilizar.
Después de analizar las aguas, los resultados arrojaron una alta salinidad, lo que, unido a su extracción masiva ocasionaban tanto una sobreexplotación del acuífero de la zona, como la merma de la calidad del agua.
La investigación desarrollada permitió establecer un vínculo entre la persona que supuestamente llevaba a cabo la captación ilegal de las aguas subterráneas y las que la consumían, detectando que con esta práctica delictiva habrían abastecido cerca de 40 hectáreas de terreno de secano.
El SEPRONA de la Guardia Civil ha culminado la operación ‘Saladilla’ con la investigación de tres personas y de tres mercantiles de la Región de Murcia, como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y de usurpación de aguas.
El informe pericial estima el daño al dominio público hidráulico, junto al daño medio ambiental, en un coste superior a los 100.000 euros.
Las personas investigadas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Totana.
El Código Penal prevé penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente vertidos.
