Tendrían que haberse abonado antes de finales del 2024. En ANPE explican que esa Acción Social "es dinero de los docentes y debe revertir cuanto antes a ellos"
Las ayudas al estudio para hijos de empleados públicos de 2024 incluidas en el Plan de Acción Social de la Comunidad Autónoma siguen sin pagarse a día de hoy. Se trata de unas becas de hasta 600 euros para primeras matrículas que incluyen 300 euros más por residencia y 150 para transporte. El plazo para solicitarlas se cerró a finales de marzo del año pasado y tienen derecho a ellas los empleados públicos de la Administración regional.
El presidente de ANPE, Clemente Hernández, urge a que se abonen lo antes posible y recuerda que así se lo piden a Educación en cada mesa a la que acuden. Asegura en conversación con Onda Regional que "es un tema importante no solo la Acción Social, afecta también a otros ámbitos como los centros, unos han recibido la financiación necesaria y otros no".
Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa aseguran que todos pagos solicitados por Educación habían quedado abonados a fecha 30 de diciembre de 2024. En el caso de los docentes las nóminas incluyen, incluso, una partida económica explícita dirigida a financiar las ayudas del plan de acción social entre las que se encuentran las del estudio para hijos. Hernández de ANPE explica que se acordó que esa Acción Social "es dinero de los docentes y debe revertir cuanto antes a ellos".
Los casi sesenta mil empleados públicos de la Región de Murcia comienzan el año con una subida salarial del 2,5 por ciento y la propuesta de Función Pública de una nueva negociación para revalorizar nóminas los próximos ejercicios. La mesa de negociación de las Administraciones Públicas retomará en enero negociaciones para actualizar los salarios para los funcionarios. El acuerdo a tres años que firmaron los sindicatos con el Gobierno en 2022 ha dejado un incremento salarial del 9,8 por ciento frente al alza de precios del 15 por ciento en el mismo periodo de tiempo.
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Antonio Martínez Peñaranda, explica que "este verano se aprobó por el gobierno central la subida del 2% supeditada a un incremento del 0,5 siempre que la inflación hasta el 2024 superara el 8 %, eso ha pasado con lo cual la revalorización total es del 2,5".
El presidente de CSIF nacional, Miguel Borra, urge por su parte a la administración a un nuevo acuerdo retributivo, eliminar la tasa de reposición y una nueva oferta de empleo público. Durante la recesión y la recuperación posterior, los funcionarios vieron congelado su salario durante varios ejercicios e incluso sufrió recortes en la nómina. Martínez Peñaranda asegura que llegar a acuerdos con la administración es difícil y que por ello el resto de asalariados sale de las crisis con mayor rapidez y menos dificultades.