Abre la puerta a reformar la Política Agraria Común acordada por la Eurocámara y los Estados miembro en 2021
La Comisión Europea ha propuesto hoy relajar algunos de los requisitos medioambientales de la Política Agraria Común (PAC) que deben cumplir las explotaciones agroganaderas para aliviar la carga administrativa que deben soportar. El documento se debatirá el lunes, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea; las organizaciones agrarias de nuestro país creen que va en la línea de sus reclamaciones, aunque quieren aclarar el contenido textual de la propuesta antes de hacer una valoración.
Bruselas ha materializado así lo que ya avanzó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien a principios de febrero dijo que trabajaría junto a la presidencia del Consejo, que corresponde este semestre a Bélgica, en una rebaja de la presión burocrática para el sector agroganadero, y en un nuevo esfuerzo por aplacar las movilizaciones que han aflorado a apenas cuatro meses de las elecciones europeas.
Ahora mismo, para recibir las ayudas de la PAC, los agricultores tienen que cumplir una serie de condiciones medioambientales. Lo que Bruselas plantea es simplificar algunos de esos requisitos, al reconocer que su aplicación ha planteado algunos problemas. También propone simplificar la metodología de determinados controles para reducir a la mitad el número de inspecciones, además de clarificar la forma de evaluar el sistema de seguimiento.
Por último, la Comisión pretende aclarar el uso del concepto de "fuerza mayor y circunstancias excepcionales" que es el término jurídico que permite eludir sanciones a los agricultores que no puedan cumplir todos los requisitos de la PAC por culpa, por ejemplo de una sequía o de una inundación. Este es uno de los aspectos de los que están más pendientes las organizaciones agrarias de la región, que quieren que la definición de sequía grave esté bien aquilatada para evitar problemas de interpretación.
El documento incluye también otras medidas para aliviar la carga burocrática de los pequeños agricultores y eximir a las pequeñas explotaciones de los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos medioambientales. A esto también están atentas las organizaciones agrarias, porque el borrador habla de explotaciones de menos de 10 hectáreas y esa es, nos dicen, una referencia que puede ser válida para algunos sectores pero no para otros.
