El abogado de las familias de 2 de los 13 fallecidos en las discotecas de Atalayas, José Manuel Muñoz, afirma que "las muertes tienen mucho que ver con la actuación administrativa del ayuntamiento de Murcia"
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, Juan Miguel Ruiz Hernández, ha admitido a trámite la querella criminal presentada por las familias de dos víctimas de los incendios de las discotecas de Atalayas contra los concejales Antonio Navarro Corchón, del PP, y Andrés Guerrero, del PSOE. La querella también alcanza a tres funcionarios municipales, en todos los casos por el delito de prevaricación por omisión con resultado de muerte.
Lo ha confirmado a Onda Regional José Manuel Muñoz, abogado de las familias. El juez entiende que en este caso hubo acciones y omisiones por parte del ayuntamiento de Murcia, señala Muñoz.
El auto judicial dice que "los hechos a que se refieren las actuaciones pudieran revestir los caracteres delito /delito leve de prevaricación por imprudencia" por lo que "es procedente incoar diligencias previas para averiguar y hacer constar la perpetración de la infracción penal, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables".
El juez del número 4 se inhibe a favor de la jueza de número 3, Ana María Martínez Blázquez, que es la que está investigando el caso. Pero el abogado José Manuel Muñoz teme que la titular del 3 lo devuelva. En ese caso sería la Audiencia Provincial la que decidiera finalmente qué juzgado daría curso a la querella criminal.
El pasado 1 de octubre fallecieron 13 personas en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros. Los familiares de estas dos víctimas tienen claro desde el primer momento que el ayuntamiento de Murcia tiene que asumir responsabilidades.
