La audiencia Provincial señala las sesiones para los días 13, 15, 16 y 17, 19 años después de que estallara el mayor caso de presunta corrupción urbanística en la capital
Diciembre de 2027. Es la fecha señalada por la Audiencia provincial para celebrar el juicio por el caso UMBRA. Una fecha que se situaría 19 años después de que se desatara uno de los mayores casos de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia. Se investigan delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, entre otros, en algunos convenios urbanísticos de la zona norte.
Serán 4 sesiones, señaladas para los días 13, 15, 16 y 17 de diciembre de 2027, en los que se sentarán en el banquillo personas tan relevantes como el hombre fuerte del urbanismo murciano en la época de Miguel Ángel Cámara, Fernando Berberena. El que fuera concejal de confianza del alcalde del Partido Popular, afronta una petición de dos años y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y fraude. El fiscal considera que infravaloró a conciencia el 10% de aprovechamiento que unos promotores de la zona norte debía haber abonado a las arcas municipales.
Junto a él se sientan en el banquillo varios empresarios, asesores e intermediarios. Para el entonces gerente de urbanismo, Alberto Guerra, la fiscalía pide más de diez años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El ex jefe de planeamiento urbanístico, Joaquín Peñalver, se enfrenta a siete años de prisión por falsedad en documento público y cohecho.
Pero es el presunto conseguidor, Renato de Noce a quien se le pide la pena más elevada, 18 años y nueve meses de cárcel por cohecho, malversación, delitos fiscales y falsedad documental. Según el escrito de acusación habría defraudado a Hacienda 800.000 euros con la presentación de facturas falsas para deducir gastos ficticios.
Para el asesor Higinio López también una pena elevada, más de trece años por haber metido a Guerra en negocios urbanísticos que le habrían reportado ganancias millonarias.
Didecinueve años después de que estallara el caso que puso en entredicho el desarrollo urbanístico de la zona norte de la ciudad de Murcia se celebrará el juicio que, con toda probabilidad, contará con el atenuante de dilaciones indebidas. Es decir, la tardanza en celebrar este macrojuicio llevará a los acusados a ver reducidas sus penas en caso de que sean considerados culpables.
Retrasos en la justicia
El presidente del Colegio de la Abogacía Española, Salvador González, que anda estos días por la Región, reconoce que los retrasos que sufre nuestro sistema judicial son una de sus mayores preocupaciones. Es producto de la falta de medios, por supuesto, pero también de un procedimiento "decimonónico y poco coherente".
Son circunstancias que evidentemente "dañan la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia". No ayuda tampoco la percepción de que el trabajo de determinados órganos judiciales esté excesivamente mediatizado por los intereses políticos. Sobran intereses partidistas y posicionamientos públicos como el que hace unos días ha protagonizado todo un magistrado de la Audiencia Nacional como Eloy Velasco, con sus acusaciones contra la legitimidad del gobierno de España. Cree Salvador González que "un juez debería guardar al menos una apariencia de neutralidad"
