Ahora la ley pasará al Senado tras ser modificada con los cambios que demandaban Junts y ERC. Se calcula que la entrada en vigor se producirá a finales de mayo
AGENCIAS | REDACCIÓN
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la proposición de Ley de Amnistía que el PSOE pactó con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. El texto ha sido remitido al Senado para continuar su tramitación.
Ha habido dos votaciones, una electrónica para aprobar el dictamen y una segunda, en la que se requería un mínimo de 176 votos dado que es una ley de rango orgánico. A petición del PP, esta votación clave ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie y gritando su voto a viva voz.
Pero en ambas votaciones el resultado ha sido el mismo, sin que hubiera sorpresas: 178 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y el diputado José Luis Ábalos, y 172 en contra de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
La Ley de Amnistía tuvo que volver a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico. La pasada semana, el último día de plazo para emitir un nuevo dictamen, la Comisión de Justicia aprobó la Ley de Amnistía tras haberse acordado una enmienda entre el PSOE y los independentistas.
Aprobada la ley en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha defendido este jueves que la ley de amnistía cierra el "ciclo de decisiones políticas" con las que el Gobierno quiere conseguir el "reencuentro" en Cataluña, frente a la "división" y el "conflicto" que, en su opinión, sigue buscando el PP.
Patxi López ha sido el encargado de salir a la tribuna y defender la norma que su partido registró en solitario el pasado mes de noviembre y que será aprobada este jueves en el pleno del Congreso. Y lo ha hecho con un discurso muy combativo con el Partido Popular, a quien ha acusado de parapetarse tras el Código Penal cuando estaba en el Gobierno durante el proceso independentista catalán, y de seguir buscando el enfrentamiento.
Frente a esa postura, Patxi López ha enumerado y reivindicado las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en busca de la "reconciliación" y el "reencuentro" en Cataluña: mesa de diálogo, indultos, derogación del delito de sedición en el Código Penal y ahora la amnistía.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si va a "ceder el referéndum" como piden los independentistas tras aprobar la ley de amnistía y le ha avisado que "lo que tiene por delante no es una legislatura" sino "una agonía". Además, ha pedido a los socialistas que no les "vendan" el mensaje de la "reconciliación" porque esta ley es "sumisión" y "divide a Cataluña en dos".
En su intervención en el Pleno del Congreso, Feijóo ha señalado que todo lo que está ocurriendo hace que el final de Pedro Sánchez "esté más cerca". "Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útil, le dejarán caer", ha advertido.
Feijóo ha afeado al jefe del Ejecutivo que no haya querido defender la posición del Gobierno y lo ha achacado a que hasta él es "incapaz de dar la cara por este delirio". Además, ha denunciado que el PSOE lo haya acatado "todo" al incluir en la norma los delitos de terrorismo, la corrupción y la alta traición, "hasta las multas por las que se malversó". Tras asegurar que se está consumando "la estafa" del PSOE a sus votantes, el jefe de la oposición ha recalcado que se aprueba esta norma porque es la única forma que tiene Sánchez de seguir "un tiempo más de presidente". "Y por eso lo han aceptado todo", ha apostillado. "Esto no es reconciliación, esto es sumisión", ha proclamado, para avisar además a Sánchez y al PSOE que "esta ley no pasará el filtro de la calle".
El portavoz de Junts en el debate de la ley de amnistía que se celebra en el Congreso, Josep María Cervera, se ha dirigido desde la tribuna al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para advertirle de que la norma "la única página que pasa es la de la represión y la injusticia, ninguna página más".
"El conflicto político histórico sigue existiendo. Lo que hace la amnistía es volver a la política lo que es de la política y, ciertamente, abriendo una ventana de oportunidad para negociar de tú a tú el futuro de Cataluña, de una Cataluña que nosotros queremos libre", ha manifestado.
Cervera ha cargado contra la derecha y quienes dicen que se trata de una ley "a medida" de los independentistas, porque, a su juicio, lo que hace es responder a investigaciones prospectivas, informes falsos, detenciones, multas, jueces, sentencias y condenas "a medida".
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' convertirá a España "en una falsa democracia" y ha pronosticado que "el próximo pago" del presidente, Pedro Sánchez, a Junts por apoyar su investidura será un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
En su intervención en el debate previo a la aprobación de la norma en el Congreso, Abascal ha afirmado que la medida de gracia es "un colosal acto de corrupción" llevado a cabo por el jefe del Ejecutivo, al que no ve como el presidente sino como a un "villano de película" y el "jefe de una cuadrilla de forajidos".
El líder de Vox ha arremetido contra Sánchez en varias ocasiones y ha afirmado que no ejerce como presidente, puesto que, según él, ocupan el rey de Marruecos, Mohamed VI y Carles Puigdemont. "Ha actuado como el enemigo del pueblo desde que ha llegado (a La Moncloa)", ha afirmado, mencionando el estado de alarma "inconstitucional" decretado durante la pandemia de la COVID-19, la "imposición" de la Agenda 2030, las "llamadas a la inmigración" y la rebaja de penas a agresores sexuales ocasionadas por la Ley del 'Sólo sí es sí', entre otras.
Sumar ha reivindicado que con la Ley de Amnistía pierde la derecha, que apuesta por la "venganza", y los jueces que llevan años usando los tribunales para "ganar jurídicamente lo que perdieron en las urnas", aunque ha afeado al PSOE que hay que continuar "sin renunciar" a los Presupuestos Generales por el adelanto electoral en Cataluña.
Así lo han trasladado la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal (En Comú Podem) y el responsable del grupo plurinacional en materia de Justicia, Enrique Santiago, durante el Pleno del Congreso. En este sentido, Vidal ha remarcado que esta normativa pone fin a la "persecución punitivista" tras el 'procés' y se abre una nueva etapa de hacer política, basada en el diálogo en vez de apostar. Así, ha lanzado a la bancada de PP y Vox que oponerse a la amnistía es apostar por la "venganza" y la defensa "ultra" de la España del "blanco y negro".
La ley de amnistía ampara los actos determinantes de "responsabilidad penal, administrativa o contable" ejecutados en el contexto del 'procés' --incluidos 9-N y 1-O--, su preparación y consecuencias, "siempre que hubieren sido realizados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023".
Abarca los actos cometidos para reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como los actos de desobediencia, desórdenes públicos, atentados contra la autoridad o resistencia ejecutados para permitir las consultas o en apoyo al 'procés'.
Y contempla "las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir" dichas consultas.
¿QUÉ HECHOS PERDONA?
Los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación --cuando no haya enriquecimiento-- dirigidos a financiar, sufragar o facilitar las conductas amnistiables en el periodo fijado, "así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad".
También el terrorismo atribuido al 'procés', "siempre y cuando" no se haya actuado "de forma manifiesta y con intención directa" de causar "violaciones graves de Derechos Humanos", como matar y torturar.
Además, exonera los actos tipificados como tortura cuando "no superen un umbral mínimo de gravedad". Y perdona la traición cuando no se haya producido una "amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial" como fija la ONU.
¿QUÉ HECHOS QUEDAN FUERA?
Excluye el resto del terrorismo, así como los actos dolosos que hubieran producido muerte, aborto, pérdida o inutilidad de un órgano, un miembro o un sentido, impotencia, esterilidad o deformidad grave.
Deja fuera el resto de torturas y traición que no perdona y delitos contra la comunidad internacional como el genocidio. No amnistía los actos que afecten a intereses financieros de la UE. Tampoco alcanza aquellos con motivos racistas, antisemitas, antigitanas u otra discriminación referente a religión, etnia, raza, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, aporofobia o de exclusión social o discapacidad.
¿LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS?
La ley no recoge nombres pero beneficiaría a:
-Los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.
-El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
-Los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquim Forn.
-Los exconsellers y eurodiputados de Junts Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
-El expresidente de ANC Jordi Sànchez y el exlíder de Òmnium Jordi Cuixart.
-La expresidenta del Parlament Carmen Forcadell.
-La secretaria general de ERC, Marta Rovira.
-El diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg.
-Los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo.
-Los 10 investigados por los disturbios atribuidos a 'Tsunami Democràtic'.
La ley busca "finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron" en el 'procés'. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró públicamente que ampararía a 372 personas.
¿CUÁNDO Y CÓMO SE APLICARÁ?
Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los órganos judiciales que conozcan de las causas serán los encargados de aplicarla "con carácter preferente y urgente" en "plazo máximo de dos meses".
Como primer paso exige "el inmediato alzamiento" de las medidas cautelares que se hubiesen adoptado por "acciones u omisiones comprendidas en el ámbito objetivo de la ley", así como de cualquier medida que implicase "la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas".
¿QUÉ PASA CON PUIGDEMONT?
La ley fija que al entrar en vigor los jueces deberán dejar sin efecto todas las órdenes de busca, captura e ingreso en prisión de los beneficiados. Esto implica que, en ese momento, Puigdemont podría volver a España sin arriesgarse a ser detenido.
Fuentes de la defensa del expresidente consultadas por Europa Press confían en que los jueces levantarán las órdenes de detención mientras tramiten sus dudas ante el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque, aunque asumen que los jueces tendrán dudas "legítimas" sobre la aplicación de la ley, sostienen que ello no debería afectar al levantamiento de las cautelares. Aún así reconocen que no existen garantías.
Actualmente, el instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, mantiene activa una orden nacional contra Puigdemont por desobediencia y malversación. Las euroórdenes siguen desactivadas.
Cabe recordar, sin embargo, que Puigdemont acumula un nuevo frente toda vez que el Supremo le abrió causa penal por terrorismo en el caso 'Tsunami Democràtic'. De momento, la instructora Susana Polo no ha ordenado diligencias.
¿Y CON JUNQUERAS?
También se establece que la entrada en vigor "supondrá la finalización de la ejecución de las penas principales o accesorias impuestas". 'A priori', ello beneficiaría a Junqueras, a quien le fueron indultados 13 años de cárcel, pero sigue inhabilitado hasta 2031 como pena accesoria por su condena por desobediencia y malversación.
Sin embargo, esa decisión que la ley dibuja como inmediata podría no serlo tanto. Si el TS plantea dudas sobre el encaje de la amnistía en la Constitución o en el derecho de la UE el caso quedará congelado hasta que el TC o el TJUE resuelvan.
Con todo, tras la reforma que modificó la malversación el Supremo aseguró que "nunca podrá entenderse" que la actuación de Junqueras estuvo "ausente" de ánimo de lucro.
¿HABRÁ INDEMNIZACIONES?
La ley no dará derecho a percibir indemnización, ni generará derechos económicos, ni afectará a la responsabilidad civil por daños a particulares. Tampoco dará derecho a la devolución de multas, "salvo" las impuestas por la 'ley mordaza' "con excepción" de las aplicadas por "infracciones muy graves".
En cuanto a los casos del Tribunal de Cuentas, distingue entre el ya juzgado en firme sobre el 9-N y el aún en curso por los gastos y la acción exterior del 1-O. Así, el dinero pagado por Mas y otros condenados por la consulta de 2014 (unos 6 millones de euros) no se devolverá, mientras que los 5 millones que se piden a Puigdemont, Junqueras o Mas por el referéndum quedarán amnistiados.
¿QUIÉN PUEDE RECURRIR?
La ley podrá combatirse con recursos de inconstitucionalidad o amparo ante el TC que no tienen efectos suspensivos a no ser que se pidan y acuerden medidas cautelares.
El recurso de inconstitucionalidad pueden presentarlo quienes cuenten con al menos 50 diputados y senadores --actualmente la lista se reduce al PP--; y los gobiernos y asambleas de las CCAA, desde donde también se auguran movimientos del PP.
Los particulares podrán recurrir vía amparo siempre que la amnistía afecte a sus derechos fundamentales. Ya hay impugnaciones de este tipo pendientes de admisión. Desde el TC pronostican una avalancha de estos recursos por el doble rasero en cuestiones económicas, ya que las multas pagadas --por ejemplo por la apertura de colegios electorales el 1-O-- no se devolverán, pero quienes aún no han pagado nunca lo harán.
¿LOS JUECES PODRÁN COMBATIR LA LEY?
Otro frente será el que abran los jueces con causas afectadas por la amnistía. Podrán dirigirse al TC o al TJUE cuando adviertan un choque con la Carta Magna o el Derecho de la UE, respectivamente. Los casos quedarían paralizados hasta que respondan.
