El abogado José Manuel Muñoz considera que existía una trama en el ayuntamiento de Murcia por la que se permitía que esas discotecas se mantuvieran abiertas
Familiares de algunas de las victimas del incendio en las discotecas de Atalayas han presentado una querella contra los concejales de urbanismo del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón y Andrés Guerrero, y tres funcionarios del consistorio por prevaricación por omisión. Su abogado, José Manuel Muñoz, considera que el Ayuntamiento de Murcia ha funcionado durante años una “trama organizada” que “permitió que esta discoteca (Teatre) funcionara de forma continuada e irregular” desde que inició su actividad en 2005.
Kely Gómez, hermana del fallecido Kevin Gómez, y Jairo Correa, padre de la fallecida Leidy Paola Correa, han ofrecido este martes por la mañana una rueda de prensa acompañados por su abogado. Muñoz establece una diferencia entre la causa del incendio y la causa de la muerte. La investigación establece que el fuego se inició a causa de una máquina de fuego frío, pero en su opinión, si las medidas de seguridad hubieran funcionado y desde el Ayuntamiento se hubiera actuado de forma adecuada, no habría fallecido nadie. El abogado recuerda que aquel fatídico día, las discotecas debían estar cerradas porque existía un expediente de cierre y considera que si seguían abiertas no fue a causa de un error individual, sino de la existencia de una trama corrupta.
En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, "desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento”, avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los tres funcionarios incluidos en la querella.
Por su parte, el concejal Andrés Guerrero (PSOE), que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado “prevaricadora” puerto que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.
La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.
La forma de funcionamiento del Ayuntamiento permitía, en opinión de Muñoz, que este tipo de irregularidades se mantuviera porque se permitía que existieran multitud de expedientes sin que ninguno de ellos se finalizase o que con informes desfavorables en materia de seguridad, no se paralizase la actividad porque para que hubiera una resolución era necesario con que todos los departamentos se mostrasen favorables a una resolución de suspensión.
Pero ese consenso nunca se daba porque a cada expediente que se le abría a estos locales, se respondía con otro expediente de regularización, apunta el abogado. Es decir, se iniciaban con la finalidad de paralizar la ejecución de los expedientes sancionadores, pero no iban más allá. En opinión de Muñoz este procedimiento es fraudulento porque cuando eran desestimados, se volvían a presentar y a aceptar aportando la misma documentación una y otra vez con el único fin de parar los expedientes sancionadores, lo cual supone "una actuación prevaricadora", ha explicado Muñoz.
Para el letrado, “estamos hablando de una forma de funcionar que permite que determinados funcionarios actúen de determinada manera”, y ha insistido en que “había cerebros que pensaban qué hacer para que la discoteca siguiera funcionando”, por lo que no se trata de una “actuación la de mala suerte ni de la fuerza mayor”.
Por eso, considera que “se necesitan sanciones ejemplarizantes para que esto no sea el reino de taifas” y no vuelva a suceder un hecho similar y para dejar claro que “las leyes están para cumplirlas, también la administración”.
A lo largo de los años, son múltiples los expedientes abiertos incluidos en la documentación a instancias de la Policía Local por no contar con licencia o no cumplir los aforos, pero solo se llegó a cursar una sanción, de poco más de 250 euros, por no haber comunicado un cambio de titularidad.
No se actuó en cambio por otras irregularidades más graves para la seguridad, como por ejemplo, el hecho de que la sala desde 2016 se suministraba la electricidad con un generador o el bloqueo de las puertas de emergencia, que constaban ya en 2005 y fue señalado de nuevo en 2017.
Con la discoteca ya dividida en dos, ha dicho Ortin, los incumplimientos en seguridad anti incendios fueron flagrantes ya que las salidas de emergencia de Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, daban a Teatre en lugar de a la calle, y sus recorridos de evacuación tenían distancias que llegaban a superar los 36 metros, cuando el máximo permitido por ley es de 25 metros.
Para Jairo Correa, teniendo en cuenta todos estos detalles, a las trece víctimas mortales “las encerraron y las incineraron, no tenían posibilidad ninguna de salvar sus vidas, no tenían salida”.
“Esta negligencia generó muerte”, ha subrayado, algo que ha reafirmado su abogado, que ha concluido que “la corrupción a veces genera dinero, pero también genera muerte y, en este caso, ha generado muerte”.
Para las familias de los fallecidos, todas estas irregularidades, convirtieron la muerte de sus seres queridos en algo provocado. Se quejan además de la escasa atención que han recibido por parte del Ayuntamiento en contraposición a la recibida por las víctimas del incendio de Valencia.
Uno de los familiares más mediáticos al día siguiente del incendio fue Jairo Antonio Correa, padre de Lady Paola, la joven que envió a su madre un mensaje justo antes de perecer. En su opinión, no hay ninguna duda, la muerte de su hija y la de las otras doce personas, fue provocada.
Kelly Diana perdió a su hermano. Ella se muestra dolida porque opina que el incendio de Valencia ha puesto de manifiesto que en España hay mucha diferencia entre que la tragedia afecte a españoles o a extranjeros.
