El fiscal general del Estado defiende el borrado de datos de su móvil: "Borro tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que dimitir sería "mucho más cómodo" para él en lo personal, pero descarta hacerlo porque considera que eso debilitaría a la Fiscalía y a quien le sucediera en el cargo. Además, ha advertido de que esa vulnerabilidad podría ser aprovechada por amenazas como el terrorismo o el narcotráfico.
"Desde un punto de vista personal, sería más fácil marcharme. No me aferro a ningún puesto, pero creo en la institución que represento y por eso sigo aquí", ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado este martes. En dicha sesión, tanto PP como Vox le han instado a presentar su dimisión.
García Ortiz ha expresado su convicción de que abandonar el cargo supondría "una concesión a los delincuentes y a otros intereses", lo que podría poner a la Fiscalía en una situación de debilidad. En su opinión, el Ministerio Público debe mantenerse firme, ya que las organizaciones criminales "no dudarán en aprovechar cualquier signo de fragilidad en quienes tienen la responsabilidad de combatir el delito".
Asimismo, ha subrayado que hay aspectos clave a considerar en su situación, más allá de su imputación: "Importa el qué, el cómo y el cuándo. Todo influye en la decisión de seguir al frente de la Fiscalía".
El fiscal general también ha lamentado que su figura esté constantemente en el punto de mira, especialmente ahora que se encuentra imputado en el Tribunal Supremo. Según ha explicado, su posición es siempre "compleja" porque, aunque su nombramiento es legítimo por parte del Gobierno, se espera que actúe con imparcialidad y neutralidad.
En este sentido, ha denunciado las "críticas durísimas" que ha recibido, incluso en el plano personal, sin posibilidad de defenderse sin comprometer su papel institucional. "Es fácil atacar al fiscal general. Hasta un niño de cuatro años podría hacerlo y yo no le respondería, porque no hablamos el mismo lenguaje. Si lo hiciera, dejaría de ser fiscal general y me convertiría en un parlamentario", ha ironizado.
García Ortiz ha defendido el equilibrio de poderes en democracia, pero ha advertido que "el abuso de las competencias también es un problema". "Nadie debería extralimitarse en sus funciones, porque eso distorsiona los ámbitos en los que cada uno debe actuar", ha alertado.
Sobre su imputación, ha señalado que la situación es aún más delicada, ya que no puede hacer declaraciones sobre el proceso para evitar interferencias judiciales. "El fiscal general no huye ni se esconde. Da explicaciones cuando considera oportuno y puede hacerlo", ha asegurado. Con cierto tono irónico, ha añadido: "La pregunta es quién defiende al fiscal general del Estado?".
Sin embargo, ante los reproches del PP, ha dejado claro que no se considera una víctima: "No lo soy ni me siento como tal". También ha querido disculparse si sus declaraciones sobre la seguridad de su teléfono móvil se interpretaron como una amenaza. "Nada más lejos de la realidad", ha puntualizado.
Por otro lado, ha reiterado que tenía tanto el derecho como la obligación de eliminar ciertos correos y chats de sus dispositivos para proteger la información que custodia. "Borro datos porque es mi derecho a preservar mi intimidad y porque cumplo con la normativa de protección de datos", ha explicado.
Ha insistido en que esta práctica es habitual en su caso y que el borrado de su cuenta personal de correo electrónico no se produjo a raíz de su imputación en octubre, sino en diciembre, debido a lo que ha calificado como "acoso" tras la difusión de sus datos personales.
García Ortiz ha enfatizado que esta eliminación periódica de información "es una obligación para todos". "Quien conserve datos de terceros en sus dispositivos sin necesidad de usarlos está incumpliendo la normativa de protección de datos y la legislación española", ha advertido.
También ha defendido su decisión de no responder a las preguntas del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado cuando declaró como investigado el pasado 29 de enero. Según ha señalado, se trata de un derecho fundamental y una estrategia procesal legítima. "El juicio de valor lo hacen otros. Pero mi respeto al Tribunal Supremo es absoluto", ha subrayado.
García Ortiz ha reconocido que 13 fiscales de sala han solicitado su dimisión, aunque ha mostrado su perplejidad ante el hecho de que estas declaraciones puedan influir en un proceso penal.
En cuanto a las decisiones tomadas en casos como 'Tsunami Democràtic' o la ley de amnistía, ha rechazado las críticas de PP y Vox sobre la actuación de su 'número dos'. "La Fiscalía no funciona como una asamblea. Tiene mecanismos internos para resolver discrepancias y así se ha hecho", ha afirmado.
Sobre la gestión de la 'ley del solo sí es sí', ha explicado que era necesario fijar un criterio unificado para los 2.795 fiscales del país y evitar desigualdades en la aplicación de la norma. "Si el Tribunal Supremo tarda al menos un año en marcar una doctrina clara, la Fiscalía tiene que actuar con antelación", ha defendido.
En respuesta a la acusación de ser el único fiscal general que ha sido declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha admitido que es cierto, pero ha responsabilizado al propio CGPJ. "No es un demérito mío, sino del Consejo. Y el Tribunal Supremo desmontó punto por punto los argumentos en mi contra", ha asegurado.
También ha respondido a la propuesta del PSOE de reformar la acusación popular, indicando que considera razonable una revisión. "No pasa nada por tocarla. Ahora mismo es más fácil personarse en un proceso penal que tener legitimación en un contencioso-administrativo", ha opinado.
Por último, ha reclamado la confianza de los senadores en la labor de la Fiscalía: "Todos somos profesionales que trabajamos con dignidad y respeto por nuestra profesión. Yo creo en la honestidad de las personas. Crean ustedes también en la honestidad del fiscal general del Estado".
Audio: Álvaro García Ortiz; Pepa Pardo (PP)
