José Luis Díaz Manzanera explica que la Fiscalía se puede oponer a que los culpables queden en libertad, de forma que tengan que cumplir las penas impuestas aunque estas sean relativamente bajas
El acuerdo de conformidad por el que eluden la cárcel los responsables y clientes de una red de explotación sexual de menores, sigue levantando ampollas. La Fiscalía de Murcia está dispuesta a convocar una junta en la que se plantee la revocación de esos pactos y que al menos los corruptores de estos menores no queden sin pena de prisión.
El Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha confirmado en el informativo matinal de Onda Regional que ese es su planteamiento para este caso que recuerda, no es ni mucho menos una excepción. Es perfectamente legal la aplicación de la dilación indebida como atenuante, ante el atasco en el que vive la administración de justicia.
Desde la propia Fiscalía General del Estado ya se viene estudiando esta cuestión porque los pactos acaban generando alarma social e incluso desprestigio de la administración de Justicia. La orden se está diseñando pero aun no ha llegado a las fiscalías provinciales ni Tribunales Superiores.
En este caso que nos ocupa, diez años se ha tardado para instruir y juzgar el caso de explotación sexual de menores en los que había procesados una decena de individuos. Todo se ha sustanciado con la aceptación de los cargos, sin pena de prisión y una multa económica.
Al máximo responsable del Ministerio Público en la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, le disgustó desde el primer momento el acuerdo de conformidad que permitió a los implicados en una red de prostitución de menores eludir la pena de prisión. Que los cabecillas que captaban a las niñas en familias pobres y los ricos empresarios que pagaban por acostarse con ellas, se fueran sin más a sus casas después de haber reconocido su participación en los hechos, no era plato de buen gusto para el Fiscal Jefe. Ni siquiera teniendo en cuenta que los retrasos del procedimiento permitían a los delincuentes beneficiarse de la atenuante de "dilaciones indebidas muy cualificadas".
Díaz Manzanera tiene la intención de convocar una junta de fiscales en la que se plantee una fórmula de revocación de esos pactos de forma que al menos los corruptores de estas menores no queden sin pena de prisión.
No será sencillo. El acuerdo de conformidad es intocable. La única opción es que Fiscalía se oponga a que los culpables queden en libertad, de forma que tengan que cumplir las penas impuestas aunque estas sean relativamente bajas. Lo habitual es que las condenas de dos años o menos de prisión queden suspendidas, es decir, que no lleguen a hacerse efectivas y el condenado pueda eludir la cárcel. Pero no existe la obligación de aplicar ese criterio, especialmente cuando hay varias condenas superpuestas como ocurre en este caso: para alguno de los cabecillas de la red de captación se han dictado hasta ocho penas de dos años de prisión, que podrían llegar a sumar 16 años de cárcel. Esta es la estrategia que se plantea la Fiscalía aunque la decisión final queda en manos de la sala.
Es difícil saber hasta qué punto habrá pesado en la decisión de Díaz Manzanera la reacción que esta polémica condena ha provocado en algunos sectores de la sociedad. En la mañana del viernes, el Palacio de Justicia de Murcia ha amanecido con una pancarta colocada frente a su puerta principal en la que se podía leer: "No es justicia, sentencias machistas". La firma el colectivo FUSTE, una organización feminista que describe lo ocurrido como "un abuso de poder inaceptable que no recibe un castigo proporcionado". Marta Latorre, su portavoz, asume que la sentencia cumple técnicamente con la ley, lo que no impide que también deje ver el sesgo machista que, en su opinión, se esconde en la Administración de justicia
A Latorre le sorprende especialmente que un caso tan complejo, en el que las víctimas son menores vulnerables en situación de clara indefensión, se haya resuelto con un acuerdo de conformidad.
