Se trata de una herramienta informática con la que cualquier persona jurídica podrá gestionar sus procedimientos administrativos sin necesidad de duplicar la presentación de documentos
Los empresarios de la Región podrán ahorrarse, a partir de ahora, hasta 6 millones de euros al año en trámites con la Administración. La consejería de Interior ha presentado la 'Carpeta Empresarial', una herramienta informática con la que cualquier persona jurídica podrá gestionar sus procedimientos administrativos sin necesidad de duplicar la presentación de documentos.
La herramienta ha sido confeccionada tras meses de trabajo en los que la patronal CROEM ha ido asesorando a la administración acerca de cuáles son los trámites más habituales, así como de aquellas cuestiones que más ralentizan los negocios, según ha explicado el presidente de la patronal, José María Albarracín.
Y es que cada año, los empresarios murcianos tramitan alrededor de 1.200.000 procedimientos que, además de tiempo, les suponen un gasto de alrededor de 6 millones de euros.
Con esta herramienta, cualquier empresario podrá tener a su disposición, el trámite realizado, el estado de tramitación, así como aquellos documentos más habituales en sus comunicaciones con la administración, según ha dicho José Ángel Antelo, consejero de Interior.
La carpeta albergará todos los expedientes administrativos que una empresa tenga a lo largo de su vida con la Administración regional. Además, cuenta con un repositorio documental que permitirá no tener que aportar nuevamente a la Administración un documento que ya fue presentado con anterioridad para otro procedimiento, bajo el principio de ‘una sola vez’.
La herramienta dispone de dos funcionalidades novedosas. La primera de ellas permitirá comunicar electrónicamente a la Administración la existencia de cargas administrativas que la empresa considere que son innecesarias o gravosas, con el objeto de que la Administración estudie si estas pueden ser suprimidas.
La segunda permitirá plantear electrónicamente las dudas que tenga en relación a cómo se debe aplicar e interpretar una determinada norma a un supuesto concreto, para que la Administración resuelva con carácter vinculante.
