Consideran que esta medida "es pura publicidad", criminaliza al colectivo y aseguran que "el problema no es de impagos o daños, es que hay pagos muy elevados"
El decreto Omnibus que el Gobierno ha pactado en los últimos días con Junts per Cat incluye crear un sistema público de avales para propietarios y personas que alquilan. El sindicato de Inquilinos consideran que esta medida "es pura publicidad" y criminaliza al colectivo. Entre los requisitos contemplados en la nueva regulación está el que la mensualidad no supere el índice estatal del alquile y que el inquilino tenga menos de 35 años o pertenezca a un colectivo vulnerable. El que alquila tendrá que depositar la fianza legal obligatoria y con su casero tendrán que suscribir un contrato modelo que la Administración facilitará.
El Sindicato de Inquilinos rechaza este aval público para el alquiler porque consideran que no será efectivo en la práctica. Si hay impagos por parte de los arrendatarios, dice el portavoz de esta organización, Víctor Palomo, es derivado del encarecimiento continuo de los alquileres. Palomo asegura que "el problema no es de impagos o daños, es que hay pagos muy elevados, esto no va a ser efectivos, de hecho, puede haber colisión con las garantías que ya se prevén en la ley que son la fianza y dos garantías adicionales".
El Sindicato de Inquilinos entiende que donde hay que actuar es sobre el precio del alquiler porque, según aseguran, acumula en algunas zonas encarecimientos que llegan al 70%. Esta organización es contraria a implementar medidas que contribuyan a sostener la subida de precios del alquiler, son partidarios directamente de imponer bajadas. Sandra Mora, portavoz del Sindicato, explica que "tenemos claro que lo necesario es que bajen los alquileres de forma indefinida y no sustentar la subida y si nadie hace nada, lo tendremos que hacer nosotros organizándonos".
Esta organización también demanda que se reformule la regulación que impide el desahucio de familias vulnerables porque, estando ya en práctica, no era efectiva. Palomo asegura que "ya vemos que los juzgados no lo aplican, según un informe, solo se aplica en el 25 de los casos porque tal y como está la redacción ahora se puede sortear por parte de los juzgados" y añade que lo que quieren es medidas firmes en el tiempo y la medida más urgente sería recuperar para el alquiler la viviendas que ahora se están usando para otras cosas". Otras cosas como al alquiler turístico o a inversión de grandes tenedores.
El Sindicato de Inquilinos interpreta que, sobre todo en grandes urbes, la oferta inmobiliaria está "secuestrada" por este fenómeno. Prueba de ello es la compras que se hacen sin mediación de créditos hipotecarios. Sandra Mora cuenta que "estamos viendo muchas compras que son al contado y eso no es un trabajador estandar sino un multipropietario" y señala en todo caso que "lo cierto es que estamos viendo lo de 2008 que más viviendas no siempre es un precio más barato".