El experto en protección de datos Samuel Parra, sostiene que el consentimiento que firman los voluntarios carece de validez, porque en él no se especifica qué uso dará la compañía norteamericana a esos datos
La actividad que, desde hace semanas, lleva a cabo en Nueva Condomina la empresa Worldcoin, que está ofreciendo una retribución en criptomonedas a cambio de escanear el iris a centenares de personas, plantea serias dudas de legalidad. Es la opinión del experto en protección de datos Samuel Parra, que sostiene que el consentimiento que firman los voluntarios carece de validez, porque en él no se especifica qué uso dará la compañía norteamericana a esos datos biométricos.
Parra explica que estamos hablando de datos "muy sensibles" que cuentan con una protección reforzada en la legislación europea, en la que está taxativamente prohibido su tratamiento salvo en excepciones muy concretas. Quienes facilitan esa información, nos dice, no son conscientes del uso que se va a hacer de ella, porque las intenciones que manifiesta Worldcoin son extremadamente difusas. Por eso, desde su punto de vista, el documento de consentimiento es definitivamente insuficiente.
Aquellos que han "vendido" los datos de su iris, insiste Samuel Parra, se arriesgan a que la empresa pueda hacer un mal uso de esa información. Y ese es un problema serio, porque no hablamos de unos datos que se puedan cambiar, sino de una identificación que será válida ahora y dentro de cincuenta años.
Samuel Parra está convencido de que, antes o después, Worldcoin utilizará esa información biométrica para traficar con ella. Y tampoco tiene dudas de que su base de datos se convertirá en objetivo de hackers y de mafias en el momento en el que sea evidente que se le puede sacar rendimiento económico:
Probablemente, concluye, lo más razonable habría sido que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera intervenido paralizando cautelarmente la actividad de Worldcoin, porque el proceso burocrático es tan lento que, cuando decida tomar medidas, la empresa habrá reunido información suficiente y abandonará España. Lo que sí se puede hacer es presentar una denuncia, especialmente si el escaneo de iris se realiza a menores de 14 años, a los que la legislación prohíbe facilitar este tipo de datos.
