Sobre el primer acuerdo de conformidad en el 'caso Topillo', Greenpeace cree que las penas deben ser ejemplarizantes y espera que el resultado de esta pieza no siente precedente para las otras 38 piezas restantes
Acuerdo de conformidad en la primera de las piezas del caso Topillo por la contaminación del Mar Menor, investigación que se inició a instancias de la fiscalía. Son 39 los asuntos desgajados de la segunda causa y este es el primero que se cierra en Cartagena. El empresario del campo F. R. no pisará la cárcel, pero tendrá que pagar una multa de 1.500 euros y una indemnización al Estado que supera los 17.000 euros al ser culpable de un delito imprudente contra el medio ambiente. Durante casi 3 años vertió sin control salmuera procedente de una desalobradora que usó para obtener agua de dos pozos ilegales.
Con ese agua regaba una superficie de algo más de 130 hectáreas en la diputación de La Puebla en Cartagena. La logística era facilitada por la compañía Hidrotec, empresa que habría suministrado desalobradoras ilegales para fincas de cultivo en el campo de Cartagena. Cuando se llevó a cabo la inspección por parte de la Guardia Civil, cuatro años después de que el propietario dejara de usarla, no encontraron la maquinaria ya que había sido trasladada.
El magistrado considera probado que el dueño de la explotación agraria derivó la salmuera de rechazo al salmueroducto construido por Confederación Hidrográfica del Segura que acaba desembocando en la Rambla del Albujón y, en última instancia, en el Mar Menor. De este modo se harían liberado 68.000 metros cúbicos de residuo. Dice la sentencia, además, que F. R. no tuvo la más mínima diligencia para obtener permisos por parte de la CHS.
Marío García, abogado junto a Juan Diego Mena de la defensa de F. R., asegura que las pruebas periciales establecían que su cliente tenía "cero daños" por nitratos al Mar Menor.
El 'caso Topillo' investiga en su conjunto los vertidos contaminantes, algunos consecuencia de la actividad de desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena entre los años 2012 y 2017 y que acabaron acelerando la degradación del Mar Menor. Hace 7 años se comenzó a investigar la causa contra empresas del sector primario y las suministradoras de materiales. La causa acabó dividida en 39 piezas, 37 de las cuales las investigan juzgados de Cartagena y San Javier.
Desde Greenpeace, aunque no estaban personados como acusación al ser un delito menos grave, critican que el primer juicio por vertidos al Mar Menor se haya saldado con una pena pactada y especialmente cuando las estas deben ser ejemplarizantes. Eduardo Salazar, abogado de Ecologistas en Acción confía en que esta sentencia no sirva de precedente en las 38 causas restantes por lo que se pide un estudio exhaustivo de cada una de ellas y se consigan penas importantes.
En relación a la personalidad jurídica del Mar Menor, Eduardo Salazar ha recordado que sobre este asunto que se instruye no podían personarse como acusación porque aún no estaba reconocida dicha personalidad jurídica y recuerda que de haberlo hecho la sentencia podría haber sido distinta.
A Salazar también le resulta llamativo la disparidad de criterio de la sentencia ya que el magistrado considera probado que el dueño de la explotación agraria derivó la salmuera de rechazo al salmueroducto siendo consciente de lo que hacía, siendo condenado por un delito imprudente. Tambien recuerda que la Comunidad Aurtónoma no ha aclarado la cantidad exacta de indemnización que pedirá en cada causa para la restauración del Mar Menor.
