El abogado ambientalista recrimina la falta de diligencia e inspectores para regular las explotaciones ganaderas
El abogado ambientalista Eduardo Salazar ha asesorado a varias familias de esa zona de las pedanías altas de Lorca en sus quejas contra la instalación de granjas de cerdos. Dice que no le sorprende en absoluto que la Guardia Civil haya identificado un gran número de situaciones irregulares porque, a su juicio, ni el Ayuntamiento de Lorca ni la Confederación Hidrográfica han actuado con el celo que deberían haber aplicado ante una situación que está a la vista de todos, porque es evidente que no hay agua para tantos cerdos.
Salazar dice que la mayor capacidad de control en este tipo de asuntos la tienen los Ayuntamientos, de los que dependen muchos de los trámites necesarios para poner en marcha una explotación ganadera. No es que el de Lorca haya estado "mirando a otro lado", pero parece evidente que no ha actuado con la diligencia y el celo que se le debe exigir.
El propio procedimiento administrativo, dice Salazar, juega a favor de estos desmanes porque en pro de la agilización y la rapidez en la concesión de permisos se han eliminado mecanismos de vigilancia previa y cuando toca comprobar que las condiciones declaradas se cumplen, faltan inspectores que puedan certificarlo.
De lo que se alegra este abogado ambientalista es de que la Confederación Hidrográfica del Segura esté colaborando activamente con la investigación del SEPRONA. No siempre, asegura, ha sido así: Salazar ha tenido clientes en esa misma zona del municipio de Lorca que se han visto obligados a recurrir a los tribunales para conseguir información sobre una tubería sospechosa que Confederación se negaba a facilitar.
