Las comunidades autónomas y los ayuntamientos toman medidas que hay que estudiar desde el punto de vista jurídico para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos
REDACCIÓN. Murcia.
Hablamos con Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, sobre las medidas que han tomado las administraciones y la base jurídica en la que se sustentan.
Las comunidades autónomas llevan tomando medidas como confinamientos temporales desde el fin del Estado de Alarma. Se trata de restricciones que pudieran no contar con el respaldo legal necesario según la perspectiva de algunos especialistas en el área. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, parece no tener claro que las autoridades sanitarias autonómicas dispongan del poder jurídico requerido para decretar el confinamiento generalizado de toda una zona.
Teruel considera que la toma de decisiones de medidas generalizadas por parte de la Administración, como ya ha llevado a cabo el Gobierno Regional o catalán, puede incidir en los derechos y situación económica de las personas. El letrado propone buscar los cauces legales adecuados para adoptar tales medidas de forma adecuada, como podría ser solicitar desde las comunidades autónomas que el presidente del Gobierno decretase el estado de alarma en la zona afectada para que, posteriormente, se delegara la actuación en la autonomía. Otras de las preocupaciones de Teruel, además de la necesidad de reforzar el sistema sanitario es salvar la educación. Si no se toman medidas, advierte, se puede ver afectada toda una generación.
