"La Fiscalía General nos ha pedido que demos voz a los familiares de los fallecidos en las residencias"
T04C041
El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Díaz Manzanera, reconoce que ha recibido una petición de la Fiscalía General del Estado para dar voz a los familiares de los mayores que murieron en residencias durante la fase más dura de la pandemia de coronavirus.
En la Región de Murcia, el único caso sobre el que se han instruido diligencias es en la residencia Caser de Santo Ángel, donde se estima que pudieron fallecer más de 40 ancianos. Asegura el fiscal que la Audiencia ha pedido a la juez que archivó el caso que argumente ampliamente porque consideró que no había nada que investigar, o bien, que reabra la causa, si no está finiquitada la instrucción. En ese caso habría posibilidad, de seguir ahondando en los hechos por si fuesen constitutivos de delito.
Sobre el caso La Sal II, asunto judicial en el que el ex presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, está siendo investigado por presuntas irregularidades en la construcción y gestión de la desaladora de Escombreras, Fiscalía presentó un recurso de apelación sobre una causa, que fue archivada inicialmente, y Audiencia Provincial lo tuvo en cuenta y obligó a la magistrada a revisar el caso. Se ha dictado el auto de procedimiento abreviado y ya se prepara, por parte del fiscal, el escrito de acusación.
Esta segunda parte podría ir a juicio antes que la primera, avisa el fiscal, porque las actuaciones ya estaban practicadas. Respecto a la primera parte del caso, La Sal I, donde el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá y otros 16 ex altos cargos y empresarios están acusados de malversación millonaria en la puesta en marcha de esa desaladora, se está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva dos recursos de apelación.
Asuntos judicializados en la Administración, como éste, son los que generan muchas dudas entre algunos funcionarios públicos con oposición de carrera, o los que están contratados, a la hora de firmar distintos trámites administrativos por miedo a incurrir en alguna legalidad. El fiscal dice que están trabajando con jornadas formativas para dar información a funcionarios municipales y de la Administración Regional y aclararles cuando deben acudir a la Fiscalía ante un presunto hecho delictivo, según explica Díaz Manzanera.
El fiscal espera que a medida que se van acercando las elecciones del próximo mes de mayo del año que viene no crezcan las denuncias, como suele ser habitual. La mayor parte de las demandas por prevaricación que se presentan en el ámbito político quedan archivadas en más de un 60% de los casos.
