Silvia Ruiz (PP) reconoce que hace unos meses indicó a Fernández Lladó la forma de poder registrar un escrito en la ventanilla única, pero que desconocía la naturaleza del documento al tratarse de un asunto personal
REDACCIÓN | C. CABALLERO
La alcaldesa de Alguazas, Silvia Ruiz, del PP, puede verse obligada a declarar en las diligencias que se tramitan en un juzgado de instrucción de Murcia por un presunto caso de corrupción, tras las declaraciones hechas a la Guardia Civil por uno de los investigados, el ya exdirector general de Carreteras de la Comunidad Autónoma José Antonio Fernández Lladó.
Fernández Lladó fue conducido por agentes de la Benemérita el pasado martes a la Comandancia de Murcia para que prestara declaración sobre unos hechos en los que se le atribuye haber conectado con un funcionario del ayuntamiento de aquella localidad murciana para conseguir un documento que le permitiría quedar exonerado de pagar el recargo de un impuesto a la Agencia Tributaria.
En sus manifestaciones a los agentes, el exdirector general aseguró que contactó con la alcaldesa para que le pusiera en contacto con el funcionario, mientras que ésta, que confirma el encuentro, ha dicho a sus más allegados que se limitó a ponerlo en contacto con aquel, ignorando qué asunto quería tratar con el mismo.
Silvia Ruiz ha reconocido que hace unos meses indicó a Fernández Lladó la forma de poder registrar un escrito en la ventanilla única del Consistorio para solicitar un aplazamiento de una deuda con Hacienda, evitando de esta forma un recargo.
En declaraciones a Onda Regional, la alcaldesa subraya que desconocía la naturaleza del documento al tratarse de un asunto personal: "hace unos meses vino Fernández Llado a buscarme como cualquier vecino para hacerme una consulta y preguntarme dónde tenía que acudir para registrar un documento. Me dijo que era algo personal y le indiqué la persona a la que tenía que dirigirse, que es el responsable de la ventanilla única. No sabía nada de nada. Me estoy enterando de todo por la prensa."
Se da la circunstancia de que dicha solicitud fue cursada fuera de plazo, por lo que podría existir una presunta falsificación de documento público. El hecho provocó ayer el cese fulminante de Lladó de su cargo en el gobierno regional.
