El asalto tuvo lugar el 31 de enero, fecha en la que se iba a debatir una moción sobre la nueva normativa urbanística de aplicación para las nuevas granjas intensivas de porcino
Los siete ganaderos que fueron detenidos por el asalto al pleno del ayuntamiento de Lorca a principios de año testificarán como investigados por un presunto delito de desórdenes públicos el próximo lunes en el juzgado Número Siete de la ciudad, que instruye el caso, han confirmado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia .
Entre los siete imputados se encuentran el ganadero y quesero que confesó públicamente los hechos y pidió disculpas después y un conocido empresario del sector porcino de Fuente Álamo. La jueza Cristina Ojados, titular del juzgado, tomó declaración el 5 de abril a los denunciantes, entre los que se encuentran el ayuntamiento, el concejal de Izquierda Unida Pedro Sosa y tres de los policías que trataron de contener el asalto en el interior del edificio del Centro de Desarrollo Local (CDL).
Ese mismo día prestó declaración en calidad de testigo el presidente de la Asociación de Defensa Sanitaria del Porcino (Adespolorca), Francisco Román, cuya organización convocó la manifestación de ganaderos previa al asalto y de la que se desgajó el grupo que tomó por la fuerza el edificio municipal.
El asalto al pleno de Lorca tuvo lugar el 31 de enero, fecha en la que se iba a debatir una moción sobre la nueva normativa urbanística de aplicación para las nuevas granjas intensivas de porcino. La misma mañana del pleno Adespolorca celebró una manifestación de ganaderos contra esa normativa, que consiguió colapsar el centro de la ciudad y a la que asistieron representantes políticos del PP y de Vox.
La manifestación terminó a las puertas del edificio del CDL donde en aquel momento la corporación municipal celebraba los plenos por las restricciones sanitarias de la pandemia. Una comisión negociadora de los ganaderos se reunió con el alcalde, Diego José Mateos, del PSOE, y otros miembros del equipo de Gobierno en un despacho de la cuarta planta del edificio para tratar de conseguir que la moción fuera retirada del orden del día del pleno.
Mientras esa reunión se producía en el interior, en el exterior del edificio los manifestantes rodearon el edificio, rompieron el triple cordón policial y consiguieron irrumpir por la fuerza en el inmueble subiendo a pie hasta la cuarta planta mientras proferían gritos y amenazaban con quemar el CDL.
Los asaltantes llegaron a escasos metros del despacho del alcalde, donde la policía consiguió reducirlos. En otra sala de la cuarta planta aguardaba el resto de la corporación municipal a la espera de que comenzara el pleno, que finalmente fue suspendido al no poder garantizarse la seguridad del alcalde ni de los concejales.
En los días siguientes fueron arrestados y puestos en libertad con cargos siete de los presuntos participantes en la turba, que fueron identificados por las grabaciones de las cámaras de seguridad y las decenas de fotografías y vídeos de periodistas y políticos que se realizaron del asalto, que se produjo a la vista decenas de personas que estaban dentro del edificio.
